Hay un claro paralelo entre los centros de conciliación de los consultorios jurídicos y el proceso de La Habana que llevó al acuerdo de paz del Gobierno con las Farc, punto de llegada en común para no seguir matándonos.
En el caso que se someterá a aprobación o desaprobación electoral el próximo 2 de octubre, las partes cedieron en sus posiciones para poder alcanzar el texto —texto posible— que se firmará en Cartagena el lunes 26 de septiembre. Si se tratara de una rendición, hubiera sobrado un tiempo de conversaciones por improcedente.
Por estos mismos días se cumplen 45 años de funcionamiento de un consultorio jurídico que ha atendido 315.000 casos de Derecho de familia, civil, laboral y hasta penal (hasta donde lo penal pueda ser conciliable, salvo —lo muestra la historia— cuando median circunstancias y motivaciones políticas), de los cuales 18.000 han terminado en audiencias de conciliación, modalidad de litigio cuyas bases se remontan a 1948 en Colombia con los decretos 2158 y 4133. Hablamos de la Fundación Servicio Jurídico Popular, que se ocupa de casos negociables y que ayudan a frenar en alguna medida el empapelamiento paulatino del aparato de la justicia en el país. Hay que señalar que, a pesar de la privatización del banco que creó este espacio pionero, aquél continúa sosteniendo el servicio que presta a muchos colombianos pertenecientes principalmente a los estratos 1, 2 y 3. Si de la consulta se desprende la inevitabilidad de un proceso judicial, los costos se cubren en cómodas cuotas, siempre con una tarifa al alcance de los interesados.
Aquella forma de sentarse frente a frente con el “enemigo” tiene elementos parecidos con la conciliación que nos convoca para el primer domingo de octubre. De no ser así, ¿cuál hubiera sido el mecanismo para cesar hostilidades y entregar los fierros de matar? Es obvio que el texto final y que remata una prolongada interlocución significa una confrontación política que, como lo indican las contradicciones implícitas, se resuelve por el diálogo, el tire y afloje —con la intervención de conciliadores o facilitadores—, sin que ninguna de las partes enfrentadas pueda imponer su criterio. De eso se trataba, y no de un encuentro desigual en que una parte sentara a la otra a escuchar una decisión, su decisión.
Resultan muy preocupantes ciertas posiciones adversas al proceso desde cuando éste se inició, atizadas ahora mediante la alusión a hechos e interpretaciones acomodaticias, falsas o por lo menos discutibles, ya que el desenvolvimiento argumental y las conclusiones solapan la mentira con la que se pretende descalificar un acuerdo que, se espera, habrá de poner al país en una senda caracterizada por el silencio de las armas, para que el conflicto social no tenga que seguir siendo necesariamente cruento. Además, con tales procedimientos nada se aporta a la cultura política, plataforma necesaria para la convivencia y la paz, aunque se debe entender que ésta, la paz, no puede resultar del acuerdo de La Habana, sino de cambios estructurales que tomen en cuenta un concepto siquiera básico de justicia social.
*Sociólogo Universidad Nacional.