Sobre el papel, 2016 pintaba como un año con mejores garantías para mejorar los indicadores de libertad de prensa en nuestro país, pero todo indica que vamos de para atrás.
La sensible disminución en la intensidad del conflicto armado y la ausencia de elecciones daban para creer que el ejercicio del periodismo tenía un ambiente más propicio.
Pero las informaciones, al cabo de estos cuatro meses, tanto de la Fundación para la Libertad de Prensa como de la Federación Colombiana de Periodistas son un campanazo de alerta para autoridades y gremios, pues las agresiones y amenazas vienen creciendo de manera desproporcionada.
Según Fecolper, los 70 casos de violencia contra la prensa este año ya constituyen el 80 % del total de agresiones en 2015. Y al mirar, en promedio, el número de violaciones a la libertad de prensa con respecto al año pasado, que documenta la Flip, en este primer cuatrimestre hay un incremento cercano al 25 %. Ya hay 27 amenazados, siete agredidos, cuatro tratados inhumanamente y 14 a los que se les ha obstruido su labor.
Ese crecimiento reafirma la tesis de que los principales victimarios de periodistas, en tiempos recientes, son las bacrim y los corruptos, y al lado de ellos servidores públicos que se creen intocables y ven a la prensa como el único obstáculo para sus actividades, frente a una justicia inoperante y corresponsable, por omisión, en medio de la casi absoluta impunidad reinante.
Con un agravante: el desprestigio y la estigmatización, que suman una decena de casos al decir de Fecolper, a fuerza de repetición, se han convertido en algo “normal”, con la aberrante disculpa de una pretendida defensa.
No es sino ver los peligrosos ataques de Uribe a Daniel Coronell o las intimidaciones de un alcalde en Atlántico contra un reportero de El Heraldo, para ir no tan lejos.
Moraleja. Sí, es imperativo hacer borrón y cuenta nueva en legislación, regulación y financiación de contenidos convergentes sin discriminación de soportes.