Lo que conocemos de la reforma tributaria es una presentación al Consejo Gremial que se filtró. Lo poco que se sabe ya es preocupante. Es un hecho que habrá reforma, sobre la que muchos coincidimos es una mala idea presentarla en medio de una profunda recesión. Porque cualquier propuesta se haría para trasladar dinero desde la sociedad hacia las arcas públicas. El objetivo del Gobierno se ve loable: “Garantizar un ingreso mínimo a los hogares que se encuentran en condición de pobreza”. Nadie se opondría a ampliar el ingreso solidario a quienes más han sufrido la crisis, pero el debate radica en quiénes deben pagarlo.
Según lo anunciado por el Gobierno, se hará con un incremento de recaudo de IVA y renta a personas naturales. En IVA, “se elimina la categoría de exentos”, que son productos que en su proceso de elaboración pagan IVA por los insumos y tienen derecho a devolución. Es, en general, un estímulo a la producción nacional que en la práctica hace que el precio final del bien sea menor. En esta categoría están: carne de res, cerdo, pollo, pescado, leche, queso, huevos, arroz, medicamentos, biocombustibles, servicios de internet, libros científicos, toallas higiénicas y bicicletas, entre otros. Se suma a la idea de pasar de tarifa reducida a la general de 19 % a servicios como la telefonía celular y productos como la gasolina, la harina de trigo, las pastas alimenticias, el café, el chocolate y los alimentos para animales.
La Comisión de la OCDE ha animado a reformar estas categorías, advirtiendo que podría generar un “impacto distributivo negativo”, pero que se compensaría con una supuesta devolución del IVA (todavía no se sabe a quiénes) por $2,5 billones. Según Minhacienda, esta reforma permitiría aumentar el recaudo de IVA en $ 10,5 billones, que pagaría principalmente la clase media, responsable del 60 % del total del IVA pagado.
El resto del recaudo esperado provendría del incremento de la renta a las personas naturales, que aportarían $16,8 billones adicionales. En palabras de la Comisión, las tarifas efectivas pagadas por los más ricos de la población son “considerablemente inferiores” a las tarifas nominales. El 1 % más rico de Colombia, paga tarifas efectivas del 2 %. Si la reforma se dirigiera a corregir esta situación, podría ayudar a la progresividad. Pero las propuestas conocidas van en la dirección contraria: buscar más declarantes en los deciles de menores ingresos y de rentas que provienen del trabajo, pues es más fácil identificar a estos contribuyentes que a los más ricos que viven de los dividendos.
El último asunto no abordado es justamente la necesidad de cerrar el cerco a la fuga de capitales. Los esquemas de flujos financieros ilícitos que no pagan impuestos son tan fáciles de crear que hasta un ministro puede esconder dinero en una caleta en Panamá, con una empresa de papel fundada por la persona del aseo y el portero de alguna firma tipo Mossack-Fonseca.