Siendo el objetivo de la ‘restitución de tierras’ el pasar de la ilegalidad a la legalidad, todos los colombianos debemos respaldar al Gobierno.
Pero no sólo son los ‘paras’ y los ‘hacendados rapaces’ los únicos que han despojado las tierras a los campesinos: los narcoterroristas de las Farc y el Eln son hoy posiblemente los mayores terratenientes del país y el Estado, con la misma firmeza con que persigue a los ‘paras’ y ‘hacendados rapaces’, debe perseguir los predios de los narcoterroristas.
Cabe hacer algunas acotaciones para que el propósito de ‘restitución’ no se convierta en un cúmulo de frustraciones: la primera es que el fenómeno de urbanización —tanto en Colombia como en el resto del mundo— es irreversible. La revista National Geographic, en su edición del mes de diciembre de 2011, bautiza nuestra época como “El siglo urbano”, afirmando que “las ciudades son la mejor opción para el planeta”. Expertos estiman que seis de cada diez desplazados no tienen intención de regresar al campo. De los cuatro restantes, muy probablemente dos migren a las urbes en los próximos cinco años y un tercero lo haga en los siguientes cinco. Es decir, a mediano plazo, sólo un desplazado entre diez tiene vocación agropecuaria.
La migración voluntaria y masiva de los campesinos a los centros urbanos demuestra que las ciudades les brindan oportunidades que el campo no les ofrece: es el firme convencimiento de que la ciudad (aunque tengan que vivir en los cinturones de miseria) les presenta mejores posibilidades de obtener empleo, salud, educación y recreación que lo que tenía en el sector rural. El desplazado, cuya migración por definición no es voluntaria, al darse cuenta de las enormes ventajas de las urbes frente a la pobreza y a la soledad, les dará poderes a terceros para que al recibir sus tierras procedan a venderlas por irrisoria cifras. Aquí es donde los abogados, algunos por intermedio de ‘carteles’, otros en legítimo ejercicio de su profesión (abogados que en su inmensa mayoría son curtidos y redomados pícaros), se van a quedar con las tierras de los desplazados con la exclusiva finalidad de revendérselas precisamente a los mismos ‘paras’, ‘narcoterroristas’ y ‘hacendados rapaces’ que despojaron a los campesinos de sus parcelas. ¡El esfuerzo del Gobierno, lastimosamente, sería en vano!
La segunda acotación es que suele haber entre los citadinos creencias generalmente excluyentes: una de ellas es que una vez implementada la ‘restitución’, los pequeños agricultores están en capacidad de producir comida barata para los citadinos. Para que el campesino pueda producir comida a precios competitivos requiere hacer importantes inversiones, tanto en la adecuación del suelo (incluyendo riego y drenajes), como en semillas, abonos y químicos para proteger las siembras. Hoy, en buena parte de los cultivos (aun aquellos de ‘pancoger’), la inversión es igual o mayor que el costo de la tierra. Por ende, el devolverle a un desplazado su parcela, sin darle de manera simultánea los medios para que —a precios competitivos— pueda preparar, sembrar, cosechar y comercializar, es simplemente agregar a sus frustraciones, obligándolos a corto plazo a regresar de nuevo a la urbe. El serio problema es que el Gobierno mismo se ha encargado de ‘satanizar’ los programas y subsidios de ayuda al agricultor como el AIS, pero sin programas y subsidios bien estructurados la probabilidad de que los desplazados salgan adelante es mínima. ¡Otra es la manifiesta ingenuidad de los que creen que en Colombia hay entre 8 y 16 millones de hectáreas ociosas listas para repartir a campesinos que convertirán la nación, por medio de leyes y decretos, en un emporio de riqueza! ¡La ignorancia amarrada a la demagogia es letal!