Magnífica noticia la eliminación de dos de las instituciones más ineficaces e inútiles de nuestra historia: el Consejo Superior de la Judicatura, engendro de la Constitución del 91, y la Comisión de Acusación.
Un nuevo escándalo (actas con espacios en blanco para hacer nombramientos a destajo y sin los requisitos de ley), añadido a vagamunderías como el “carrusel de las pensiones”, permitió superar el rechazo a la desaparición del tribunal. La Comisión de Acusación estaba igualmente condenada a desaparecer por inoperante e ineficiente. No es sensato que el Congreso tenga funciones jurisdiccionales. Se debe avanzar hacia el sistema penal acusatorio en que la Fiscalía investiga y acusa, y la Corte Suprema es la encargada del juicio.
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Graves, muy graves, las acusaciones de la contralora delegada en el sentido que “usted puede robar miles de millones de pesos en la salud y no pasa nada… ni una medida de aseguramiento”. A lo anterior se le agrega que “hay pruebas suficientes de que la intervención (de Saludcoop) haya sido ordenada por su antiguo presidente, Carlos Palacino, para ‘sanear’ la entidad y recuperarla años después”. Algo muy podrido ronda la Fiscalía y la Superintendencia de Salud.
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Siguiendo los pasos de la neófita Cristina Kirchner, el inescrutable indígena Evo Morales, rudimentario aprendiz del socialismo del siglo XXI de Chávez, ha anunciado la expropiación de la española Red Eléctrica, argumentando insuficientes inversiones por parte de esta última. Lo que Evo prefiere ignorar es que cuando los gobiernos nacionalizan empresas, suelen fijar arbitrariamente los precios de los productos, haciendo casi imposible que dichas empresas sean rentables. Al no generar utilidades, las empresas reducen la producción; y los bienes y servicios que producen aparecen en el mercado negro a precios sustancialmente superiores que aquellos fijados por el gobierno. En vez de resolver un problema, tanto la Kirchner como Evo lo van a agravar.
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Es inconcebible que el 79% de la Ruta del Sol (15 de las 19 licencias) esté frenado por razones ambientales. Buena parte de estos permisos se deben a los retrasos en los acuerdos con las comunidades étnicas. En una columna hace unas semanas señalábamos: “Canadá, un país que ha desarrollado con singular éxito sus recursos naturales, ha implantado un estricto control al tiempo que se pueden demorar las autoridades ambientales en otorgar los permisos. El gobierno canadiense da un año para expedir o negar los permisos ambientales; y dos años para la totalidad de las autorizaciones… enfatizando que los estudios y permisos ni pueden ser eternos, ni convertirse en talanqueras infranqueables para el desarrollo”. Por lo visto en Colombia ni somos, ni seremos capaces de impedir que unos pocos, al vulnerar el derecho de la abrumadora mayoría de los colombianos a tener una infraestructura decente, nos condenen a seguir en la pobreza.
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Sorprende el éxito que los rones importados, tipo Zapaca, están teniendo en nuestro país. Pero lo que más sorprende es que por estricto mandato constitucional a los colombianos (con excepción de las Licoreras departamentales), no se nos permite ni siquiera intentar fabricar un ron decente.
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Hay que ser demasiado ingenuo, tarado, o idiota para haberle dado la menor credibilidad al anuncio de las Farc de ponerle fin al secuestro. Mientras que se puedan devengar réditos económicos o políticos, las Farc seguirán secuestrando.