En los últimos días el país ha sido testigo de algunos desaciertos y varios desacertados. Entre ellos podemos citar los siguientes:
– Enorme desacierto el de Petro y su equipo en haber desatendido las advertencias —casi 17— que le hizo la veedora del Distrito, Adriana Córdoba, sobre el control preventivo que busca identificar dónde hay riesgos de mala administración o de corrupción para que no se vuelvan un problema mayor. Lo que Petro no puede argumentar es que nadie le advirtió que la ley lo obligaba, como a todos los funcionarios públicos, a respetar las reglas de juego del ordenamiento jurídico y de la gestión pública.
– Desacertados el delegado de la ONU, Todd Howland, y el recién nombrado embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker, que no sólo demostraron una falta de respeto a la autonomía e independencia de nuestras instituciones, sino un profundo desconocimiento del ordenamiento jurídico colombiano. ¿Será que si el embajador de Colombia en Washington cuestiona la constitucionalidad de las grabaciones por parte del gobierno de EE.UU. de las conversaciones telefónicas de sus ciudadanos el gobierno estadounidense se molesta?
– Desacertados todos aquellos que promueven el argumento de que no se pueden investigar ni sancionar ‘errores gerenciales’. De imponerse la peregrina tesis de que no existe la menor posibilidad de sanción a ‘errores gerenciales’ ya que dichas faltas son consustanciales en todo administrador público, los contribuyentes tendremos que seguir acarreando con la incompetencia o venalidad de nuestros servidores públicos. ¿O es que los miles de millones de pesos que literalmente terminaron durante la administración de Petro en camiones de basura no cuentan?
– Posiblemente los más desacertados son los que exigen que el procurador no puede destituir ni inhabilitar a ningún funcionario elegido popularmente. Para que se entienda el alcance de este desacierto, en toda su historia la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes sólo ha condenado a una persona: Gustavo Rojas Pinilla. El someter a la Comisión de Acusación de la Cámara (o a una comisión de elegidos por voto popular) la destitución o inhabilitación de los elegidos es asegurar la impunidad del acusado. No sobra recordar la última estrofa del inmortal poema de Hernando Martínez Rueda, ‘Caconia’:
Y la acción más bolonia, y la más infantil ceremonia
es poner contra un caco un denuncio por robo en Caconia;
porque el juez, que es caconio, a la vez tan cabal como probo
suelta al caco en razón de que el caso fue de hurto, no robo.
Fuero igual no tuvieron siquiera los zares:
porque al caco, y es claro, en Caconia lo juzgan sus pares.
Y haciendo abstracción momentánea del escándalo alrededor de la destitución de Petro, uno de los mayores desaciertos que han ocurrido en estos días son las extemporáneas propuestas del vicepresidente Angelino Garzón de que, de firmarse la paz, los acreedores soberanos y multilaterales deben condonar la deuda externa de Colombia. Si algo ha caracterizado a nuestro país es la seriedad con que ha cumplido sus compromisos externos. Es precisamente esta seriedad lo que le ha permitido a Colombia ser sujeta de crédito, tener el llamado ‘grado de inversión’ y ser uno de los países con mayor flujo de inversión en el continente. El solo amenazar con la posibilidad de solicitar la condonación de la deuda pone en peligro todos los anteriores logros. Angelino Garzón nuevamente desaprovechó una hermosa oportunidad para quedarse callado.