Hace algunas semanas escribíamos: «Pocas virtudes enaltecen más al ser humano que la generosidad».
Y siguiendo la lógica de esta hermosa premisa, pocos más generosos que los honorables magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, y dentro de ellos los magistrados Julia Emma Garzón, Ovidio Claros y Pedro Alonso Sanabria. Los insignes magistrados, en un derroche de generosidad sin precedentes, en los últimos tres años han nombrado 90 magistrados auxiliares (de los cuales 43 corren por cuenta de Garzón, Claros y Sanabria). Estos magistrados auxiliares, con su ‘palomita’ de escasas semanas, logran cuadriplicar su pensión, lo que en efecto se traduce en un regalo de 90.000 millones de pesos. Lo que desvirtúa la enorme generosidad de los magistrados es que los 90.000 millones de pesos corren es por cuenta de nosotros los contribuyentes. ¿No sería oportuno un movimiento de la sociedad civil, acompañado de acciones penales, para exigir que la generosidad pensional corra es por cuenta del bolsillo de los magistrados y no por cuenta del nuestro?”. Para grata sorpresa de este columnista y de buena parte de los colombianos, la valiente y frentera contralora, Sandra Morelli, ha iniciado juicio fiscal contra 21 magistrados y exmagistrados del Consejo Superior de la Judicatura. Según informes de prensa, la Contraloría, “tras una investigación sobre la situación de magistrados auxiliares nominados por las salas Disciplinaria y Administrativa entre 2007 y 2010, encontró que lograron millonarias jubilaciones gracias a fugaces nombramientos que, en promedio, no superaron más de dos meses (una magistrada auxiliar estuvo apenas dos días en el cargo)”. Pero sin duda lo más llamativo de la investigación de la Contraloría es que si las explicaciones de los magistrados no son satisfactorias, éstos tendrán que devolver de su bolsillo el detrimento que les han causado a las arcas públicas. ¡Es precisamente esto lo que habíamos recomendado!
No obstante que la Contraloría acudió a una norma que obliga a todos los servidores del Estado a responder por decisiones que lesionen el patrimonio público, las cargas de profundidad para que los delitos por parte del llamado ‘carrusel de la toga’ queden impunes se han empezado a colocar. El secretario de la Comisión de Acusación de la Cámara, Gonzalo Pinzón (quien entre 2010 y 2011 visitó más de 50 veces a magistrados de la Judicatura, con los que sostiene relaciones de amistad) pretende que dicha Comisión asuma el proceso fiscal contra los magistrados. Ojalá el alto gobierno y la sociedad civil, con el apoyo de la Contraloría, no se dejen engatusar, y desenmascaren el llamado ‘carrusel de la toga’. Los contribuyentes no podemos aceptar que se sigan dilapidando, con absoluta impunidad, nuestros recursos.
Por otra parte, bienvenido el nombramiento del exministro Fernando Carrillo como director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Hay dos fenómenos que pueden obstaculizarle a Carrillo la tarea de enfrentar los incontables ‘carteles’ y ‘carruseles’ que operan en el país: Por una lado, buena parte de los pícaros están enquistados y hacen parte activa de las tres ramas del poder. Por otra parte, los pícaros con pasmosa habilidad se disfrazan, algunas veces como ‘Defensores de los derechos de las víctimas’, otras como ‘Contratistas en legítimo uso de derecho de reclamo’, pero todos comparten un mismo objetivo: aprovechar la debilidad del Estado para acrecentar su peculio personal.
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Apostilla: El ignominioso fallo del Tribunal del Tribunal Superior de Bogotá es una afrenta a los colombianos. Igual que Santos, ¡pido perdón al glorioso Ejército Nacional y al expresidente Betancur por no haberles agradecido lo suficiente su defensa de la democracia!