En declaraciones sobre la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que representará a las diferentes entidades e instituciones públicas en las demandas en su contra, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, afirma: “Con la entrada en vigencia de la Agencia se busca acabar con el coto de caza de no pocos empresarios de pacotilla y no pocos abogados que hacen de las denuncias contra el Estado un negocio”.
Si Esguerra pretende darle vida a esta Agencia, la primera investigación que debe adelantar es la “Bomba de Mapiripán”, en la que una recua de pícaros defraudaron alevosamente a la Nación.
La revista Semana ,en un excelente artículo en su última edición (Oct. 31/11), señala: “Si al Ejército lo pusieron en la picota los ‘falsos positivos’, con igual razón un caso de falsas víctimas como este debe investigarse hasta las últimas consecuencias. Y aquí sólo caben dos posibilidades, que la justicia debe esclarecer. O se trata, como ha ocurrido ya en casos de falsos desplazados, de avivatos individuales que se aprovechan de los mecanismos de reparación y de las instancias legales para su lucro personal; o de que los apoderados (Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo) de los casos de los familiares de las víctimas —que perciben sustanciosas sumas por esa labor— contribuyeron al engaño”. En reciente editorial El Tiempo afirma que miembros de este Colectivo habrían sugerido a una de las supuestas víctimas que “dejara así” y mantuviera su mentiroso reclamo.
La valiente y frentera Salud Hernández Mora, columnista estrella de El Tiempo agrega: “No sé quiénes son peores, si el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, presuntos estafadores, o los letrados que defendieron al Estado, unos completos ineptos. Porque si bien unos engañaron, los otros se dejaron robar la cartera sin oponer resistencia”.
Un experto afirmaba que la justicia, que falla con pruebas que no son comprobadas porque el reloj político, la presión de grupos de interés y la necesidad de protagonismos dejan atrás el sentido de una justicia pausada, que busca la verdad pese a la intempestiva necesidad de colgar al culpable, no es justicia. El gobierno de Santos, con Esguerra, la fiscal Morales y la contralora Morelli, no se puede dar el lujo de hacerle el quite en un caso tan delicado y explosivo como el de Mapiripán. La ya mencionada Salud Hernández advierte: “El Gobierno Nacional y la cúpula militar tienen que seguir este caso hasta el final, volverlo emblemático para desenmascarar a un Colectivo que nunca fue lo que decía ser. Porque una de dos, o su fin es taparse de plata —se llevó siete mil millones de pesos de honorarios sólo en Mapiripán— y para eso buscan testigos falsos, o su objetivo es hacerle el juego a la guerrilla. O ambos, como pienso yo”. Creo que miles de colombianos pensamos como Salud Hernández Mora y no aceptaríamos, bajo ninguna circunstancia, que el Estado no investigara Mapiripán hasta sus últimas consecuencias. Porque es incongruente que el Estado pretenda aumentar el recaudo fiscal si al mismo tiempo permite que lo roben con impunidad.
Para aquellos con alma y talante de pícaros no hay necesidad de involucrarse en el sucio y peligroso negocio del narcotráfico. Las demandas al Estado, justificadas o no, dejan bastante más réditos que el tráfico de la droga. En Colombia defraudar al Estado se ha convertido, además de deporte nacional de los pícaros, en la manera más rápida y segura de volverse rico.
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Apostilla: Es absolutamente inconcebible que un hombre de la seriedad y rectitud del exministro de Transporte Gustavo Canal termine en la cárcel precisamente porque se negó a pagar una falsa conciliación que vulneraba los intereses de la Nación.