LEJOS ESTOY DE CRITICAR LOS ORIginales interrogatorios en los bares de Yopal del magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia Iván Velásquez. Creo que se trata de una nueva modalidad en el campo de la justicia investigativa, modalidad tan audaz como ingeniosa. Es, no nos digamos mentiras, una técnica avanzada, achispada, y moderna de interrogación.
También discrepo del cuestionamiento de algunos que el magistrado Velásquez se extralimitó al pedir informaciones acerca de Germán Vargas Lleras, quien para ese momento ya no era senador —hacía un mes había renunciado a su curul— y por lo tanto no debería ser objeto de averiguación alguna por parte de la Corte Suprema de Justicia. Tampoco tiene ninguna relevancia que el magistrado se haya igualmente extralimitado al violar los debidos procesos de los inculpados y, en particular, su legítimo derecho a la defensa. Faltaba más que el galgo tuviera que avisarle al zorro que lo estaba persiguiendo.
Lo que no puedo ocultar es que albergo algunas dudas en torno a las investigaciones del ilustre magistrado auxiliar.
Las dos primeras tienen que ver con el inaplazable imperativo de limitar los gastos del Estado, incluyendo, obviamente, la rama judicial. ¿Se pregunta uno si no es el momento de solicitar el patrocinio de las licoreras departamentales para dichos interrogatorios? Es decir, que a cambio de ser mencionadas en las deposiciones, las licoreras departamentales estén dispuestas a proveer el aguardiente que sea necesario para los encomiables objetivos de la Corte Suprema. En retribución al suministro del anisado, el encabezamiento de la declaración vendría con la siguiente leyenda: “Este interrogatorio es posible gracias a Néctar, el aguardiente que despeja el seso y aligera la lengua…” o “Con Cristal hasta el final… y si hay condena, valió la pena”.
La segunda pregunta tiene que ver con aquellos testigos poco receptivos al aguardiente. ¿Se autoriza —para despertar la memoria de los interrogados— al magistrado auxiliar a ordenar Buchanan’s, y aun Chivas? De autorizar el whiskey, y una que otra ginebrita, es de lógica elemental que se debe solicitar el patrocinio al distribuidor autorizado de estos selectos licores.
Los segundos cuestionamientos tienen que ver con algunas responsabilidades de orden civil. Todo buen borrachín conoce que el consumo de licor atraviesa varias etapas, siendo la primera la exaltación de la amistad; la segunda, los desafíos a las autoridades, principalmente las eclesiásticas; la tercera, los cantos y bailes regionales; y la cuarta, la destrucción del establecimiento. Dios no lo quiera, pero de llegar cualquiera de los interrogatorios del magistrado Velásquez a la cuarta etapa, ¿por cuenta de quién corren los gastos ocasionados por el daño, aunque sea parcial, del establecimiento?
Y a la salida del establecimiento, si cualquiera de los intoxicados testigos se viera involucrado en un redada de tránsito para atrapar borrachitos, ¿deberá la honorable Corte cubrir la multa al tratarse de un interrogatorio formal cubierto con el inviolable manto de la justicia?
Por último se pregunta uno dos temas: ¿Los efectos posteriores a una noche de farra deberán ser por cuenta igualmente de la Corte? Es decir, el desenguayabe, con los Alka-Seltzers y los consabidos Bloody Marys de turno, ¿corren por cuenta de la honorable Corte o del investigado?
La duda final es qué se puede o debe hacer en caso que el magistrado Velásquez se le imposibilite viajar a provincia para adelantar su loable tarea de investigación. ¿Debe la Corte instalar en su sede un bar (el Magisbar Auxiliar, o sea el bar de los magistrados auxiliares) para facilitar la labor de Velásquez? ¿O será que las técnicas de interrogación del distinguido magistrado se van a imponer y se debe pensar es en una Sala Etílica, entre la Sala Penal y la Sala Laboral?