El alcalde electo, Gustavo Petro, en medio de la controversia sobre la fusión de las empresas de servicios públicos y la brusca caída de las acciones de la EEB, dijo que “no va a arrodillar el interés general al particular”; y lo que se busca es “violentar el triunfo popular del 30 de octubre y su mandato”.
Petro se equivoca en ambas observaciones: en la primera, es de elemental lógica que el interés general prevalece sobre el particular, pero este derecho no implica que se atropelle los intereses particulares. Si el Estado requiere hacer una calle, puede expropiar los terrenos y construcciones, pero dando una justa compensación a sus propietarios. Lo que es inadmisible es pasar un ‘bulldózer’, para luego adquirir a huevo las ruinas. Segundo, Petro debe entender que es el legítimo derecho de los ciudadanos, en una democracia, cuestionar las intenciones de los gobernantes. Si Petro (teniendo en cuenta la abstención, el alcalde fue elegido por menos del 15% de los ciudadanos) cada vez que se cuestiona una de sus medidas afirma que se pretende “violentar el triunfo popular del 30 de octubre”, los habitantes de Bogotá estamos ad portas de una dictadura de las minorías. Monte o no Petro en cólera, fusionar las tres empresas de servicios, sin antes haber hecho un detenido estudio de si esta medida agrega o destruye valor, es una equivocación. Generalmente las empresas que generan flujos positivos terminan subsidiando a las que pierden plata a rodos.
La alcaldesa (e) de Bogotá, Clara López, le mandó una carta al alcalde electo, en que tácitamente lo responsabiliza del desplome de las acciones: “Los recientes anuncios relativos al futuro de la ETB y la EEB, más allá del plano político en que se han venido planteando, producen efectos de orden económico en el mercado de valores… que afectan de manera patente el patrimonio público inversionista”, dice la misiva, “el Distrito Capital, como entidad controlante de estas dos compañías, tiene precisos deberes que impone la legislación del mercado de valores y que apuntan a asegurar a ese público inversionista tenedor de acciones un flujo de información veraz, clara, suficiente y oportuna que les garantice que sus decisiones de inversión se tomen sobre bases informadas y objetivas… Si bien es cierto que el Distrito Capital es el accionista mayoritario de estas empresas, no puede afectar con sus actuaciones los derechos de los accionistas minoritarios”. Como bien lo anotan connotados representantes, las precipitadas declaraciones de Petro pueden constituirse en delitos penales: el ‘pánico económico’ y el ‘detrimento patrimonial’.
Pero más allá de controversias puntuales hay un tema grave y delicado respecto a la EEB y la ETB que Petro saca a relucir: ¿por qué el precio de la acción de la primera se ha desplomado desde mitad de año en un 36% y el de la segunda en un 42%? ¡Que respondan sin dilación alguna los directivos y los administradores!
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En relación con el polémico artículo incluido en el proyecto de reforma de la justicia en donde la Corte ya no investigaría ni juzgaría a los congresistas, sino que los parlamentarios y magistrados terminarían escogiendo a quienes deben investigarlos, ojalá que prevalezca el sentido común en el Gobierno y en el Congreso. De no ocurrir lo anterior, se estaría confirmando la sentencia de Hernando Martínez Rueda en su inolvidable soneto “Caconia”:
Y la acción más Bolonia, y la más infantil ceremonia, Es poner contra un caco un denuncio por robo en Caconia; Porque el juez, que es caconio, a la vez tan cabal como probo, Suelta al caco en razón de que el caso fue de hurto, no robo. Fuero igual no tuvieron siquiera los zares: Porque al caco, y es claro, en Caconia lo juzgan sus pares.