Lo señalaba en una columna reciente Yolanda Reyes, el término posconflicto genera la ilusión de que los conflictos se van a terminar después de la firma de un eventual acuerdo.
Sobra decir que a partir de ahí comenzamos con una falsa promesa. No solamente porque el negocio del narcotráfico va a continuar, así como las Bacrim y el Eln, sino porque, más allá de eso, las violencias constituidas desde lo estructural van a seguir avasallando al país.
La pregunta es, ¿Cuando hablamos de un “país en guerra” nos referimos a las masacres de los últimos cincuenta y tantos años, a las víctimas, a los muertos y los desaparecidos? ¿Estamos hablando solamente de ellos mientras creamos nuevas entidades como el Centro de Memoria Histórica, la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras? Porque si bien toda esta burocratización del sufrimiento es necesaria para adelantar acciones de reparación, también es cierto que el espectro de la guerra va mucho más allá de estos actores y de estos hechos victimizantes.
¿Cuál es la violencia que estamos contando, tanto en términos numéricos como narrativos? ¿Se está promoviendo un apostolado del perdón, la paz y la reconciliación como parte de un entramado discursivo que nos promete el cambio pero sin ofrecer siquiera desde el discurso las condiciones para concebirlo?
Si bien la firma de un acuerdo de paz en La Habana es quizás el hito necesario para dar un paso, recuperar la confianza y empezar un proceso de transformación, también es cierto que el Estado ha sido históricamente excluyente, parte de las razones que condujeron a un conflicto armado, en primera instancia. Es por eso que cerrar esas brechas como un requisito hacia un posconflicto, comienza por cuestionar un lenguaje oficial, hegemónico y generalista.
La violencia de guerrillas y el narcotráfico hicieron metástasis en el Gobierno, en la forma de hacer política, en la empresa privada, en los procesos comunitarios, en la universidad, en la escuela, pero también en los hogares colombianos, donde hoy se materializan muchos de los relatos del horror de esa guerra que supuestamente ocurre lejos, en las montañas y las selvas.
De las muertes violentas solo el 5% las ocasiona la guerra de guerrillas. Diferenciar entre violencia directa e indirecta puede servir para hacer diversos estudios académicos y para tomar medidas desde el Gobierno, pero al final del día es importante reconocer que, como sociedad, la guerra nos habita.
Como le escuché decir al profesor Alejandro Castillejo en días pasados: “hay que desmilitarizar las mentes”. Y desmilitarizarlas pasa por abrir nuevos espacios de participación y liderazgo desde donde se puedan estimular otras memorias que se alejen del oficialismo y nos conduzcan hacia un nuevo sistema de creencias donde el otro no represente la encarnación del odio o la maldad, donde las desigualdades vayan abriendo espacio a relaciones más equilibradas.
La firma del acuerdo no es la luz al final del túnel, es más bien la entrada en ese túnel cuyo trayecto quizá resulte oscuro e impredecible, pero al mismo tiempo indispensable para comenzar a cambiar el orden de las cosas y permitirnos como ciudadanos imaginar otro país.