En 2013 estalló en España el llamado ‘problema catalán’. Y 2014 promete enconarlo aún más.
España es el único Estado-Nación de Occidente en el que un colectivo que se dice nacional plantea seriamente su desaparición. Y que no se mencione a Escocia porque el referéndum sobre la independencia de las Highlands sólo servirá para enterrar el problema durante varias generaciones. ¿Qué ha ocurrido en los últimos tres o 300 años para que lo que no era ni siquiera planteable hace una década sea hoy de gravísima actualidad? Las explicaciones se escalonan en tres niveles, que siguiendo a Fernand Braudel serían la larga duración, lo inmediato, y la coyuntura, o tiempo intermedio entre uno y otro.
La larga duración. Cataluña tiene lengua propia, el catalán, una historia pasablemente distinta a la del resto de España y una fluctuante e histórica ambición de independencia. En la Guerra de Sucesión española, que concluyó con el Tratado de Utrecht (1714), la victoria del bando franco-castellano sobre el habsbúrgico, en el que militaba Cataluña, significó el fin de la dinastía de los Austrias y su reemplazo por los Borbones, que liquidaban el régimen político del antiguo condado de Barcelona. La centralización borbónica fue soportada, pese a todo, sin especiales estridencias hasta fin del siglo XIX cuando nace o renace un sentimiento particularista, lingüístico y federal, en el marco del desarrollo de los nacionalismos europeos.
Los acontecimientos. Con la recuperación de la democracia en 1977-78 España se organizaba como Estado de las Autonomías, entre las que Cataluña y el País Vasco eran las que gozaban de mayor autogobierno, codificado en sendos estatutos que habían sido aprobados por las cortes españolas; pero a comienzos ya de este siglo un sector del catalanismo exigía un nuevo texto legal con poderes más extensos, acordes con la proclamación de Cataluña como nación. El jefe del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, prometía incautamente que el Gobierno central respaldaría lo que aprobaran los catalanes, quienes ratificaban ampliamente el nuevo Estatuto, en un referéndum al que concurría, sin embargo, menos del 50% del censo. El Parlamento español cercenaba a continuación algunos artículos del texto, y hace sólo tres años el Tribunal Constitucional proseguía el trabajo de demolición negando la naturaleza nacional de Cataluña.
En estos últimos años ha habido enormes concentraciones de manifestantes como en la Diada (el gran día) del 11 de septiembre de 2011 —fecha conmemorativa de la derrota del bando autonomista en 1714— en la que se congregaron cientos de miles de presuntos independentistas, y el propio gobierno de la Generalitat catalana asumía la reivindicación de independencia. El Parlamento autonómico, con gran mayoría nacionalista, aprobaba en 2013 la celebración de un referéndum, en el que la ciudadanía debería pronunciarse en favor o en contra de la independencia, que, sin embargo, sólo sería posible con el voto favorable de las cortes españolas.
Vistas ya la larga duración y el acontecimiento, vayamos a la ‘coyuntura’. El primer estatuto, en vigor en la década de los 80, otorgaba a la autonomía competencias plenas en materia de educación, lo que permitía a la Generalitat decretar que la enseñanza pública adoptara el catalán como lengua única vehicular, con sólo dos horas de lengua castellana a la semana. Los padres que quisieran que sus hijos recibieran la enseñanza predominantemente en español debían llevar a cabo tal número de gestiones que éstas resultaban en la práctica disuasorias.
Y ya de vuelta en la última instantánea del presente, en diciembre pasado el Parlamento catalán fijaba el 9 de noviembre de 2014, con toda la carga simbólica de la fecha en que cayó el muro, para celebrar el referéndum independentista. El Ejecutivo catalán, donde gobierna la derecha (Convergència i Unió), con el apoyo externo de ERC (Izquierda Republicana de Cataluña), no dejaba de asegurar que actuaría siempre dentro de la legalidad, con lo que el referéndum sólo podía celebrarse con la aprobación del Legislativo español. El presidente de Cataluña, Artur Mas, anunciaba asimismo que si no había consulta convocaría elecciones legislativas de carácter plebiscitario, convencido de que la ‘cerrazón’ española sería una máquina de fabricar votos secesionistas.
El recuerdo de 1714, incluso con el remate hipercentralista de la dictadura de Franco (1939-1975), difícilmente habrían creado por sí solos el problema. La deflagración precisaba una mecha más próxima y concreta, como fue el gravísimo error cometido, aunque fuera con razón legal para ello, del Tribunal Constitucional. Pero aun así faltaba algo que comunicara disparador con explosivo, y eso sería una enseñanza pública que durante más de tres décadas había ido permeando los espíritus de la juventud catalana con una visión no tanto antiespañola como ajena a España, para crear una masa de maniobra en la que el sentimiento de independencia se insertara de manera natural.
El gobierno conservador de Mariano Rajoy, con mayoría absoluta en el Parlamento, impedirá la consulta, apoyándose posiblemente en la evidencia/amenaza de que España vetaría indefinidamente el ingreso en la UE de una Cataluña, cuya secesión le dejaba automáticamente fuera de ella. Socialistas y comunistas proponen, pero los primeros con menor convencimiento, una reforma federal de la Constitución, que albergara una Cataluña con poderes tan extensos como fueran compatibles con la existencia de España. Pero puede ser ya demasiado tarde, porque las cicatrices que dejará todo el proceso serán durante mucho tiempo imborrables.
M. A. Bastenier *