EL MOVIMIENTO MÁS REVOLUCIOnario que hoy crece en el mundo occidental es Wikileaks, la formidable conjunción de esfuerzos que dirige el australiano Julian Assange, convertido en el enemigo público número uno de Estados Unidos, para combatir, destruir y ridiculizar lo que comúnmente entendemos por ‘transparencia’ de los gobiernos en la conducción de los asuntos públicos.
El comienzo de la publicación por cinco grandes diarios internacionales, entre ellos El País de Madrid, del ‘alijo’ de documentos emitidos por la diplomacia norteamericana y, por contagio, de otros países implicados —van unos 20.000 de los 250.000 del cargamento— plantea una serie de problemas que podrían inducir a la opinión a creer que no es oportuna su difusión. Y nada hay más lejos de la realidad.
Primera condenación. Así es imposible conducir la política exterior de un país. El funcionamiento de la diplomacia de cualquier nación, por muy democrática que sea, exige un secreto de conversaciones, una matización en el anuncio de decisiones y un lenguaje diplomático que saltaría por los aires si se desvelaran sus entresijos.
Segunda condenación. Revelar secretos de Estado es delito en cualquier país del mundo, y que, por tanto, Julian Assange y el individuo que hizo de ‘hacker’ —el cabo norteamericano Bradley Manning, uno de los más de 800.000 empleados con acceso a material ‘clasificado en Estados Unidos— son delincuentes que pagarán por lo que han hecho.
Tercera condenación. Este tipo de revelaciones no sólo perjudica al Estado, sino que puede afectar la seguridad de personas que de buena fe se han prestado a algún tipo de comercio material o moral con esos organismos, y que no deben pagar por un comportamiento que ha podido ser perfectamente ético.
Cuarta condenación. No sólo no va a servir de nada ese ataque a la falta de transparencia de los Estados, sino que en el corto plazo producirá un cierre en banda de los mismos —no sólo de Estados Unidos— con lo que el público será quien a la postre salga perdiendo.
Veamos las respuestas a tan altísima batería de acusaciones.
1. Para cualquier Estado es un engorro fenomenal que se sepa cómo enjuician sus representantes a los prójimos de otros países, pero eso no puede ser nunca culpa de la opinión pública, sino del emisor. Muy al contrario, ésta tiene derecho a conocer cómo se expresan incluso en privado sus mandatarios y normalmente comprenderá, aunque no siempre le guste, el tipo de lenguaje empleado porque es así como también habla el ciudadano medio. Comparar al primer ministro ruso Vladimir Putin y su presidente Dimitri Medvedev con Batman y Robin es una imagen periodísticamente brillante, así como lo es decir del primero que es el ‘macho alfa’ de la tribu.
2. Si en el ordenamiento jurídico democrático se contempla el castigo a la divulgación de determinado tipo de información, la acción judicial estará plenamente justificada. Pero habida cuenta de que esa información es a todas luces de interés de la opinión porque le dice cosas relevantes sobre quienes la gobiernan, los periódicos tienen todo el derecho del mundo a su difusión. Aunque eso no significa que se puedan traspasar ciertos límites, como veremos.
3. Los medios de comunicación —y el propio origen de la filtración— deberán hacer el necesario expurgo del material atendiendo a que de su publicación no se derive daño físico o moral para quienes sólo son protagonistas involuntarios o indirectos de esas revelaciones; o igualmente, para proteger ciertos intereses superiores del Estado. Lo que Richelieu llamaba ‘la razón de Estado’ es, sin embargo, un mecanismo de aplicación siempre subjetiva, pudiendo entenderse de forma que prohíba cualquier clase de información por relevante que ésta sea. En semejantes casos, los diarios deberán aplicar su mejor criterio y en cumplimiento de la máxima del Derecho Romano ‘in dubio pro reo’, limitar las revelaciones a aquellas que sólo perjudican al agente emisor, culpable por ello de grosería, indecencia, falsedad, etcétera. Un diplomático norteamericano calificó al presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, de “izquierdista trasnochado”. Ello es perfectamente publicable entre otras cosas porque el ‘trasnochado’ parece más bien quien pronunció esas palabras. Y, verosímilmente, algún día sabremos lo que el Departamento de Estado dice de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
4. Es rigurosamente cierto que la publicación de Wikileaks redundará en una intensificación de las medidas de protección de las comunicaciones de los entes públicos, con lo que al menos a corto plazo habrá menos transparencia que hasta la fecha. Pero aquí viene al caso un ejemplo de Eta. Hace tiempo se puso de moda en España culpar al menos parcialmente a la prensa por los desmanes del terrorismo etarra. Se decía que si la prensa no se hiciera tanto eco de los atentados, el terror perdería un aliciente para matar. Falso de toda falsedad. Si a un atentado que causara dos muertos los medios diesen poca o ninguna cobertura, ello constituiría un poderosísimo estímulo para que el siguiente crimen produjera muchas más muertes, y con ello la necesidad de su publicación. Y, sobre todo, el ciudadano tiene siempre derecho a saber cómo es el mundo en el que vive, lo que no significa sensu contrario que los diarios tengan la obligación de publicar todo aquello que llegue a sus manos. El buen gusto y la sensatez siempre habrán de tener un lugar en las salas de redacción.
Por todo ello Wikileaks, con condena o sin ella, ha servido al interés general y los cinco diarios de referencia, que aún estarán una temporadita publicando estas revelaciones, harán muy bien en seguir ventilando interioridades. Por ello alguien muy sabio dijo un día que noticia era todo lo que los interesados no querían que se supiera.
*Columnista de opinión de El País de España.