PROBABLEMENTE UNO DE LOS RObos más grandes de la historia de la humanidad sea el manejo de las regalías mineras y energéticas de Colombia.
Durante décadas ha habido despilfarro, procesos oscuros, desvíos de recursos y todo tipo de manejos irregulares de los recursos que corresponden a las regiones productoras.
Resulta inadmisible que hoy en día estos municipios carezcan de los más elementales servicios públicos, los índices de pobreza sean elevados y las oportunidades de desarrollo económico tan limitadas. El chorro de dinero es impresionante. Las regalías mineras (carbón, níquel, metales preciosos, esmeraldas, etc.), sin incluir las petroleras, ascendieron en 2008 a 1,2 billones de pesos, de las cuales el carbón representó 945 mil millones. No hay derecho a que, año tras año, montos significativos de estos presupuestos sean malgastados, mientras las regiones y sus poblaciones se mantienen en la miseria. La Contraloría General de la República acaba de publicar el informe en el que identificaron 342 mil millones de pesos de estos rubros, cuyo uso es sospechoso y amerita una investigación fiscal. Y esto es producto de una auditoría cuyo alcance es limitado. La cifra puede ser aún mayor.
El principal responsable de este gigantesco delito es la ausencia de controles a nivel regional. En la medida en que se ha regionalizado el país, se descentralizó la corrupción. Las elecciones en los municipios que reciben regalías son intensamente disputadas, pues el botín presupuestal es jugoso. Hay verdaderas mafias enquistadas en estas regiones que se lucran de los recursos. El gobierno central cumple con girar los dineros e intentar controlar su ejecución. Pero los gobiernos locales han convertido los dineros de las regalías en ferias de contratos, obras innecesarias y sobrecostos en la contratación que son troneras de grandes proporciones. Mientras tanto, los municipios no tienen acueductos, alcantarillados, agua potable, salud o educación de calidad. No es posible que las poblaciones sigan sufriendo mientras la corrupción prosigue.
Algunos dirán que las comunidades locales son responsables por seguir eligiendo alcaldes y concejales corruptos. Ello es cierto, pero desconoce el poder de estas verdaderas organizaciones criminales especializadas en desfalcar las finanzas públicas. Se requiere mucho más control, mejores auditorías públicas, activa participación de la población en veedurías cívicas de los proyectos y obviamente una rápida acción de la justicia cuando se detectan los delitos contra el patrimonio público. Nada de eso ocurre en la actualidad.
Resulta paradójico que el gobierno central, las corporaciones autónomas, los departamentos y los municipios exijan a los inversionistas mineros y energéticos asumir mayores responsabilidades sociales mientras se tolera y malgasta el presupuesto de regalías que debería suplir esas mismas necesidades. El inversionista privado cumple con hacer las inversiones en el marco de la ley y pagar sus obligaciones. Pero no es función de un inversionista suplir a un Estado que, por desidia y corrupción, malgasta y desvía colosales sumas de dinero.