EL ESTALLIDO DE LAS PIRÁMIDES es otro ejemplo más de la impunidad en nuestro país. Durante meses, a plena luz, en lugares comerciales y sin ningún control de las autoridades, se llevó a cabo una de las mayores estafas de la historia de la humanidad. Como champiñones proliferaron agencias ilegales de captación en ciudades y pueblos grandes.
Miles de colombianos perdieron sus ahorros en estos esquemas que ofrecen rentabilidades astronómicas en cortos períodos de tiempo. Las estafas siempre concluyen de la misma manera: con la fuga del estafador y la ira del incauto.
Los primeros responsables son quienes creyeron en el dinero fácil. No hay que ser economista para saber que no existen negocios legales que puedan garantizar ese tipo de rentabilidades en forma permanente. Pero también son culpables, por omisión, las autoridades de control que dejaron crecer el problema sin actuar oportuna y contundentemente. Lamentables resultan las explicaciones de la Fiscalía sobre la falta de celeridad con la que avanzan las investigaciones. Los “genios” creadores de estos esquemas desaparecen de la noche a la mañana sin que sean capturados por las autoridades. Otro excelente ejemplo de cómo una justicia lenta produce los mayores daños a la sociedad.
Nada es más peligroso que hacer populismo con estos temas. Son muy irresponsables quienes argumentan que las pirámides son la revancha de los pobres contra el sistema financiero. Los supuestos “redentores de los pobres” abusan de la codicia de los más necesitados para alzarse con los magros ahorros que han logrado acumular en su vida. Los bancos tienen falencias y sin duda les falta ser más competitivos. Sus procedimientos y condiciones no son siempre los más equitativos. Pero el ahorro que está depositado en ellos no se pierde y eso es lo más importante. El sector financiero no es el responsable de este fenómeno.
No podemos desconocer que el embrujo del dinero fácil es el mayor triunfo del narcotráfico. Quieren hacerse ricos de la noche a la mañana y para lograrlo comprometen su patrimonio, ignoran las más elementales normas de la prudencia y anulan cualquier principio moral. Estoy seguro de que muchos de los depositantes intuyen que hay algo raro en estos negocios. La gente no es tan ingenua como posa en las entrevistas a los medios. Pero su egoísmo es superior a todo. Mientras el dinero que se pierda no sea el de ellos están dispuestos a firmar pactos con el diablo.
Como siempre, los más perjudicados serán los más pobres. Aquellos que entraron al final y que comprometieron lo poco que tenían ahorrado. Ahora que hay miles de perjudicados aparecen los que exigen que el Estado compense a los perdedores. Los políticos entrarán a jugar su papel demagógico. El Gobierno no puede caer en esa lógica. Ni más faltaba que con recursos públicos se cubriera el riesgo de quienes, imprudentemente y guiados por la codicia ciega, confiaron en los estafadores.
Lo que esta crisis confirma es que se rompieron todos los códigos morales. La ética del trabajo honesto y paciente no es un valor actual. Tristemente muchos colombianos se comportan como “traquetos mentales”.