YA DE POR SÍ ES BASTANTE AVANCE lograr que un individuo se pueda dar el lujo de no caer en la tentación o en la necesidad de emplearse, y decida por vocación o por locura, darse a la tarea de crear su propia empresa.
Por ello y porque las nuevas empresas son el mejor mecanismo para generar empleo y construir riqueza, existen en Colombia innumerables programas que buscan motivar, principalmente a los más jóvenes, a construir negocios a partir de sus ideas. La sociedad ha comprendido que del éxito de estas iniciativas depende no sólo la subsistencia de quienes se animan a emprender, sino también la suerte de cientos de miles de personas que pueden luego emplearse en medianas y pequeñas empresas. Las pymes son el sustento democrático de la economía de los países exitosos y la forma en la cual se puede garantizar el acceso a servicios sociales y oportunidades a un gran número de personas. Colombia ha avanzado en la materia creando incubadoras de empresas, convocando ferias empresariales, poniendo plata para financiar fondos de capital semilla, entre otras cosas. El año pasado, renovó su compromiso en la materia, expidiendo la ley de primer empleo y formalización empresarial, por medio de la cual se crean importantes beneficios para las nuevas pequeñas y medianas empresas.
Esta última, la Ley 1429, ha sido el instrumento a partir del cual muchos colombianos, incluyéndome, tomamos la decisión de crear empresa. Gracias a los beneficios que consagra, las pymes pueden disfrutar de reducciones en el impuesto de renta, exoneración del pago de parafiscales y descuentos en la renovación del registro mercantil, mientras avanzan por la ruta de su consolidación, que no es proceso fácil. Este instrumento legal no sólo busca sacar adelante interesantes emprendimientos, sino también generar empleo formal, con el cumplimiento de todos los requisitos legales, asunto prioritario en la agenda pública colombiana.
Sin embargo, inventada la ley, se inventaron también la forma para no cumplirla, y paradójicamente, quienes lideran la cruzada en contra de su aplicación son precisamente los que en el pasado se distinguieron por trabajar por la formalización empresarial. Lamentablemente son las Cámaras de Comercio quienes andan empeñadas en que la ley no se cumpla o en tratar de retardar su entrada en vigor en contra de su obligación legal de garantizar el acceso a la población que lo reclama. Esgrimiendo argumentos de un derecho exótico, las Cámaras por ejemplo están negando los beneficios de la ley a más de 25.000 empresas que entre enero y marzo de este año se constituyeron con todos los requisitos legales. Asimismo, han decidido no ofrecer los beneficios a quien llega a crear su empresa, cumple requisitos, pero no conoce de la norma. Como consecuencia, las Cámaras siguen cobrando recursos a los cuales ya no tienen derecho, e impiden los descuentos que motivan e impactan positivamente la creación de nuevos empleos en Colombia.
Yo no sé si quienes impulsaron esta norma sepan lo que con su implementación acontece, pero estoy seguro de que ni al Gobierno ni al Congreso les cae en gracia que un esfuerzo institucional tan importante quede convertido en un saludo a la bandera.
Twitter: @NicolasUribe