No es extraño el entusiasmo con el que los colombianos recibieron el decreto antitrámites expedido por el Gobierno la semana anterior.
Dejar de hacer filas y sacar fotocopias ampliadas, no tener que volver a poner huellas dactilares, lograr obtener respuestas de las entidades, facilitar y simplificar los procedimientos, quejas, reclamos y solicitudes ante las instituciones del Estado, son, sin duda, una gran noticia para los ciudadanos.
Pero más allá de la discusión puntual sobre uno o varios de las decenas de trámites que se eliminaron o simplificaron con el decreto, lo que verdaderamente valdría la pena extender sin límite a las actuaciones administrativas del Estado en todos sus niveles y poderes públicos es el espíritu del mismo. Y no me refiero exclusivamente a la exposición de motivos del decreto, en la cual se afirma que su contenido está inspirado en el buen gobierno, la moralidad administrativa, la celeridad de las actuaciones y la urgencia en la realización de los derechos de las personas, asuntos que sin duda son relevantes para el cumplimiento de los fines del Estado. Me refiero puntualmente a la idea de crear valor, esto es, la posibilidad de ahorrar tiempo y esfuerzo al ciudadano.
En un momento en el cual el tiempo de los individuos es cada vez más escaso, por cuenta de los efectos negativos del crecimiento desordenado y desmesurado de nuestras ciudades y de la complejidad de la vida en nuestros días, el Estado no puede convertir a los ciudadanos en animales de sacrificio de su incompetencia, trasladándoles los costos de no cumplir con sus responsabilidades administrativas. Nadie tiene el derecho de hacer perder tiempo a los hombres y mujeres, acercándolos a la muerte y alejándolos de sus realizaciones y deseos. No es aceptable solicitar del individuo la información que ya se tiene de él en los archivos oficiales y mucho menos atribuir a todo el mundo la condición de delincuente y en consecuencia la correlativa obligación de desvirtuar tal presunción a través de toda clase de papeles, sellos y declaraciones.
Los trámites inútiles impiden a la gente del común acometer iniciativas privadas que directa o indirectamente benefician al Estado. Son talanqueras de la actividad económica, de la creación de riqueza y del pago de impuestos. Son la clave de la destrucción de oportunidades para todos y de la creación de lugares propicios para la corrupción. Y, como si no fuera suficiente, son también responsables de la reducción del tiempo de los padres con sus hijos, de la pérdida de orientación de la energía creadora y de la destrucción de la voluntad de los individuos para inventar cosas y hasta para escribir poesía.
El éxito de la norma recién publicada no sólo radica en su contenido material y en la urgencia de su cumplimiento, sino en el efecto simbólico que debe lograr transmitir a las instituciones y sus operadores, para que se sintonicen con la idea de crear valor a través de la eliminación de la práctica corrupta de condenar al individuo a destinar su tiempo y su esfuerzo a toda clase de actividades estúpidas e inoficiosas.
@NicolasUribe