Así a algunos les cueste reconocerlo, es evidente que al presidente Santos le está saliendo costoso el ofrecimiento que ha hecho para someter a refrendación ciudadana los acuerdos de La Habana.
Por más noble y democrática que resultara su promesa, o por más necesaria que ésta fuera para dar legitimidad a los temas acordados, lo que ha quedado en evidencia en estos meses es que la refrendación no es tarea fácil.
Para cumplir la promesa presidencial, el Gobierno debió constatar primero que ninguno de los instrumentos constitucionales existentes serviría a sus propósitos. Algunos por ineficaces y otros por irrealizables quedaron descartados. Se requería, y así empezó todo, algo parecido a la famosa papeleta por la paz, pero sin la informalidad propia de una votación espontánea sin consecuencias vinculantes. Así pues, más temprano que tarde y después de algunos titubeos, se inventaron el plebiscito para la refrendación de los acuerdos de La Habana como una figura especial y única, exclusivamente diseñada para permitir que el presidente cumpliera su promesa y el acuerdo tuviera la legitimidad que requiere por la profundidad de las reformas que se vienen.
Este plebiscito, que acaban de aprobar en el Congreso, es, en pocas palabras, una consulta cerrada para que el pueblo exprese su aceptación o rechazo al proceso de paz que lidera el Gobierno Nacional. No hay matices y por tanto no será posible apoyar o discrepar de sólo una parte del contenido del acuerdo. No se podrá querer el acuerdo agrario y rechazar la rehabilitación política de los terroristas de las Farc. Como está diseñado, el plebiscito por la paz obliga a que cada cual decida si quiere todo del acuerdo o nada de él, entendiendo que es integral y que su aprobación o rechazo, con sus virtudes y defectos, resulta indivisible. Cada cual deberá pues decidir si el balance entre lo bueno y lo malo del acuerdo resulta más negativo que conveniente, o si en su conjunto votar a favor es lo que sirve a nuestra patria.
El plebiscito además es el instrumento que pone en marcha la implementación de los compromisos de La Habana. Y esto hay que decirlo. Su resultado es vinculante. Tanto el Congresito como las facultades extraordinarias para el presidente sólo se activan y podrán utilizarse tras la realización y aprobación del plebiscito, y el Gobierno y el Congreso se obligan implementar las políticas y a expedir las normas para poner en marcha los acuerdos. En sentido contrario, de ser negado, las instituciones deben renunciar voluntariamente y por mandato popular a concretar los compromisos con las Farc al no obtener ellos el respaldo ciudadano. Ya lo ha dicho bien el propio presidente: a la decisión del pueblo no se le podrá poner conejo.
La verdad, la discusión sobre el umbral en este caso me parece irrelevante. Primero porque creo que habrá una importante participación ciudadana, pero sobre todo porque las decisiones democráticas no las pueden tomar los perezosos que se quedan en la casa. Me pareció tramposo que el referendo del 2003 se hubiese archivado por cuenta de los abstencionistas y rechazo que pase lo mismo con este plebiscito.
La campaña por la refrendación popular ya arrancó y resulta democrático que gane el que más votos obtenga y que el que pierda acuse recibo de las consecuencias políticas correspondientes. Esta será pues una campaña de contenidos, pero también de sloganes y titulares. Un interesante ejercicio publicitario para lograr obtener el voto ciudadano.