Las Farc son el grupo «rebelde» que más usa minas antipersonas en el mundo, de acuerdo con el Landmine and Cluster Munition Monitor.
Este grupo terrorista las utiliza para proteger sus campamentos, blindar las rutas estratégicas de abastecimiento, salvaguardar depósitos de municiones, armas, explosivos o víveres y, por supuesto, también para demorar la reconstrucción de infraestructura que ellos mismos han destruido. Las minas antipersonas igualmente son utilizadas para dificultar la destrucción de cultivos ilícitos y mutilar o asesinar a quienes se encargan de la erradicación manual de los mismos. Comunidades enteras han sido sitiadas por la siembra de minas y padecen constantemente el riesgo de terminar siendo víctimas de la explosión de alguno de estos artefactos instalados de manera cotidiana por las Farc. La crueldad es tal que últimamente, y así lo reportan varios medios de comunicación, las víctimas civiles de las minas son luego extorsionadas por las Farc, quienes les exigen pagar el costo de la fabricación y mantenimiento de la mina desperdiciada en objetivos no estratégicos.
Colombia, gracias a las Farc, es el segundo país con más minas antipersonas del mundo, después de Afganistán, y el único país de América Latina donde aún se siembran estos artefactos. Según la coalición Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas (ICBL), en nuestro país pueden ser aproximadamente 100.000 las minas existentes. Y es que la tragedia es de dimensiones incalculables, pues en 31 de los 32 departamentos del país se presentaron incidentes con minas antipersonas (San Andrés es el único departamento que no tiene campos minados), al igual que en el 65% de los municipios. Ante la ausencia de información sobre su ubicación, el Estado además está en graves problemas para desarrollar programas preventivos que motiven el desminado y eviten la ocurrencia de accidentes. A pesar de lo anterior, se han explorado y barrido en procesos de desminado más de 1’100.000 metros cuadrados de territorio y destruido aproximadamente 4.000 artefactos explosivos.
Desde 1990 y hasta abril de 2013 son más de 10.300 las víctimas de las minas antipersonas en Colombia. La gran mayoría hacían parte de nuestra Fuerza Pública (6.389) y el resto son civiles (3.920), principalmente habitantes de áreas rurales. Entre estos últimos, es angustioso saber que han sido algo más de mil los niños y niñas que fueron heridos o asesinados por cuenta de estos artefactos, y, en total, 2.134 los hombres y mujeres asesinados de manera sistemática por cuenta de esta práctica inhumana de las Farc y el Eln, que deja también cerca de 9.000 heridos.
La vida de las minas antipersonas es relativa, pero pueden durar años con capacidad destructiva. Su existencia, por tanto, afectará por décadas la movilidad de las gentes y la productividad de las tierras.
Ojalá que las Farc, cuando les llegue el momento de reconocer sus crímenes en este proceso de La Habana, no sólo respondan por la masacre sistemática que han efectuado a través de las minas antipersonas, sino que también aporten los mapas y las informaciones necesarias para evitar que sus actos terroristas sigan matando colombianos aun después de su posible desmovilización.