Vale la pena analizar con detenimiento la reciente encuesta de Napoleón Franco, difundida ampliamente por los medios de comunicación hace apenas unos días.
Más allá de las preguntas sobre el estado de ánimo de los colombianos, la favorabilidad del presidente Santos y de si Uribe debe o no participar en política, lo que queda en evidencia una vez más es que Colombia atraviesa desde hace años por una crisis institucional a la cual no se le presta suficiente atención.
Los ciudadanos, por ejemplo, desconfían de los tres poderes públicos en porcentajes francamente preocupantes. Del Gobierno Nacional en un 64%, de la Rama Judicial en un 74% y del Congreso en el 79% de los casos. Instituciones alejadas de los individuos, como la Contraloría y la Procuraduría, tienen incluso mejores indicadores que los de las tres ramas del poder, y actores sociales de carácter privado con incidencia pública, como la Iglesia y los medios de comunicación, son de lejos mejor calificados. Pero no sólo eso. En materia de favorabilidad no hay ni una sola institución, exceptuando a la Policía y a las Fuerzas Militares, a la que le vaya bien. Todas tienen porcentajes de favorabilidad inferiores a las opiniones desfavorables, ninguno llega a índices de aceptación siquiera del 40% y no son pocas las instituciones cuya imagen negativa es dos veces superior a la positiva.
Ahora bien, aunque era apenas previsible que los resultados de la encuesta arrojaran un profundo rechazo de los ciudadanos hacia el Congreso por cuenta de sus permanentes escándalos, resulta de gran preocupación el concepto que los colombianos tienen de la justicia y de sus altas cortes. A pesar de haber un consenso nacional en cuanto a la necesidad de proteger la independencia de la Rama, en esta encuesta es claro que la gente no confía en los jueces ni tiene una imagen favorable de los mismos. De acuerdo con la misma, en el último año la justicia perdió 16 puntos porcentuales en materia de confianza y la favorabilidad de la Corte Suprema y la Corte Constitucional está alrededor del 35%, incluso unos puntos por debajo del Partido de la U y apenas por encima del Partido Liberal, colectividades que encabezan las preferencias políticas de los colombianos. De acuerdo con los encuestadores, el 66% de los ciudadanos no creen en la justicia y ocho de cada diez personas reclaman una reforma a la estructural que esperan se adelante en lo que queda del gobierno Santos.
Así las cosas, no cabe duda de que dentro de la agenda de prioridades nacionales no sólo debe estar el esfuerzo para la superación de la pobreza, la generación de empleo y la seguridad como instrumento para la garantía de los derechos fundamentales. También es urgente trabajar en una estrategia para recuperar las instituciones, porque sólo con actores legitimados por la ciudadanía es posible emprender las grandes transformaciones que requiere Colombia.
Twitter: @NicolasUribe