Las Farc se equivocaron nuevamente y abusan de la generosidad del Gobierno y del pueblo colombiano.
Luego de más de dos años de conversaciones y con aparentes avances en las negociaciones, la soberbia de este grupo terrorista amenaza con la ruptura de este intento por lograr la paz por la vía negociada y pone nuevamente en duda su voluntad de acordar el fin del conflicto. Sus ataques terroristas contra la infraestructura energética, su demencial aversión contra la población civil y su verborrea provocadora y desafiante se contradicen con el propósito de alcanzar la paz.
Algunos justifican la barbarie. Afirman que esas son las reglas de la negociación y sostienen que el proceso debe mantenerse a toda costa, pues resulta peor la guerra sin diálogos de paz que el proceso en medio de la guerra. Quienes creen estas tesis en el fondo confían en la sinceridad de las Farc y piensan que están dispuestas a entregar las armas y renunciar al negocio del narcotráfico siempre que tengan como garantía la participación política y la exclusión de penas privativas de la libertad. Para quienes así opinan, cualquier concesión les parece poca y están dispuestos a entregar a las Farc lo que sea necesario con tal de que firmen la paz y formalmente se termine el conflicto.
Pero Santos no es ingenuo como algunos de sus aliados y sabe que la paz no puede darse a cualquier costo ni tener como medio para alcanzarla la claudicación del Estado. Él desconfía de las Farc y sabe que política y jurídicamente es inviable una negociación sin límites. El presidente comprende que el proceso de paz ideal para las Farc es aquel que les permita visibilidad política indefinida mientras siguen delinquiendo, traficando y ordenando atentados contra los colombianos. Por eso el diálogo en La Habana no puede ser eterno. La paciencia del presidente se agota cuando las Farc se presentan como víctimas mientras asesinan niños con cilindros bombas y dilatan el avance de las negociaciones. Santos seguramente también entiende que su mandato por la paz no lo amarra ciegamente a persistir en un proceso que no avanza por cuenta de que las Farc actúan como siempre: en coherencia con su ADN criminal.
Pero además de los límites jurídicos, éticos y políticos, el Gobierno también tiene restricciones temporales para lograr un acuerdo. Santos no puede dejar la Casa de Nariño con un proceso inconcluso o sin haberlo puesto a consideración del pueblo colombiano. Para poner en marcha un referendo constitucional se requiere más de un año. Así las cosas, la negociación no puede extenderse más allá de febrero o marzo de 2015, pues se corre el riesgo de la interferencia electoral y del desgaste emocional de la ciudadanía.
Por eso, Santos tiene razón cuando advierte a las Farc que están jugando con candela y que, a pesar de que su reelección está íntimamente atada al proceso de paz, no tendría reparo en levantarse de la mesa. Los tiempos en democracia sí existen y el presidente sabe bien que si las Farc siguen ignorando a la opinión y desconociendo las limitaciones del Estado colombiano, conducen al Gobierno a terminar, incluso en contra de su voluntad, esta iniciativa de paz que los colombianos ven con esperanza.