“Queda claro: en los Estados Unidos todavía es legal perseguir y luego dispararle, debido a su apariencia, a un joven negro desarmado que regresa a casa tras ir a la tienda”.
Así describió Gary Younge el resultado de la decisión del tribunal en Florida que el sábado pasado declaró la inocencia de George Zimmerman.
Nadie disputa los hechos del caso: en la noche del 26 de febrero, Trayvon Martin, afroamericano y menor de edad, se encontraba de regreso a casa con una lata de té helado en una mano y una bolsa de Skittles en la otra. Zimmerman, miembro de un grupo de vigilancia voluntaria del barrio, creyó que se trataba de un criminal. Armado con una pistola automática 9 mm decidió perseguir al joven por ninguna otra razón que su vestuario y su apariencia. El joven resistió la persecución. Lucharon. Alguien gritó. Se intercambiaron insultos. Zimmerman disparó. El joven murió.
No cabe duda acerca de quién fue el agresor: Zimmerman iba armado, Martin no. Zimmerman inició la persecución porque creyó que su deber moral era aprehender a un menor negro cuyo rostro no podía ver, porque su presencia le pareció causa suficiente de sospecha.
Si se hacen a un lado los detalles del caso que los medios reiteraron hasta la saciedad, se trata de una historia reconocible y repetida: la ejecución extrajudicial de un sospechoso, justificada por la sola sospecha y la convicción de actuar de acuerdo con un deber moral o en beneficio de un interés más alto.
Es la misma narrativa que se supone justifica la ejecución de sospechosos por parte del Estado en el exterior, y que el gobierno de EE.UU. solía condenar cuando era utilizada por el gobierno israelí respecto de sus enemigos en Palestina. Dicha condena desapareció tras la ejecución de Osama bin Laden, celebrada como un “acto de justicia” tanto por Obama como por buena parte de EE.UU.
En dicho contexto, el de la era del terror en la cual vivimos y de la cual el esperanzador Obama se ha convertido en eficaz administrador, no debería sorprender que un jurado de ciudadanos estadounidenses considere aceptable una justificación similar en el caso de Martin y Zimmerman. Si tal justificación es aceptable en el exterior, ¿por qué no en casa?
La lección más difícil de aceptar en este caso es otra: si el gobierno de EE.UU. aún cree posible mantener sus dobles estándares en el exterior sin afectar la moral cívica doméstica, sus ciudadanos en cambio parecen estar aprendiendo las lecciones del comportamiento de su gobierno en el extranjero y las aplican también en casa. Las leyes del Estado les dan la razón. “Fucking punks”, dijo Zimmerman a la policía esa noche, “siempre escapan”.
* Oscar Guardiola-Rivera