Santiago y Bogotá, dos ciudades separadas por una misma lengua, acaban de intercambiar sus respectivas historias.
Hace cuarenta y tres años los santiaguinos llenaron la Plaza de La Moneda para celebrar la elección democrática de un mandatario de izquierdas. Antes de que culminase el período, un grupo de ultra-católicos de rancia derecha se autodesignó la tarea de removerlo. Le acusaron de mal gobierno y al pueblo de irresponsable. Obtuvieron de la institucionalidad jurídica reinante una declaración de indisciplina e inhabilidad que condenaba al mandatario elegido, y forzaron con ello su remoción.
Tras los hechos García Márquez descalificó dicha institucionalidad, que el mandatario de izquierdas había defendido, como a un “mamarracho”, parte de “un sistema de mierda”. La motivación del grupo que forzó la remoción de aquel mandatario derivaba de una teología del odio importada de la España fascista de Franco. Su objetivo era depurar la democracia para que no admitiese efectuar transformaciones reales, y extirpar del cuerpo social y la memoria sueños e ideas que ellos juzgaron ateas, judeo-musulmanas, masonas, bolcheviques, malditas y endemoniadas.
Para colmo, aunque habían puesto su mala fe al servicio de poderes económicos y paramilitares, se consolaban al percibirse a sí mismos como una minoría perseguida por sus convicciones ortodoxas en un mundo desorientado. Concluyeron que la sociedad chilena necesitaba de un juicio por el fuego.
Cuatro décadas, cuarenta mil muertos y desaparecidos, y varios cientos de miles de desplazados exiliados después, la mayoría de la sociedad chilena ha vuelto a elegir a un mandatario –una mandataria– de izquierdas. Han rechazado la democracia protegida y paternalista, el mamarracho, y el fascismo social puesto al servicio de los poderosos en nombre de una fe perversa. Por ello piden eliminar la constitución impuesta por los inquisidores. Su juicio es el de la historia.
Al tiempo, en la otra ciudad, un funcionario no electo declaraba inhábil a otro mandatario de izquierdas elegido democráticamente. La acusación y la mala fe son similares a las del Chile de hace cuarenta años. Orgullosos de sus leyes, los lugareños disputan la escolástica jurídica. A nadie escapa sin embargo que la motivación es otra, y que apunta no solo al Palacio Liévano sino también al de Nariño. El mandatario que allí reside defiende el sistema, el mamarracho, la letra. Y al hacerlo se condena.
Podría sin embargo demorar la ejecución de la letra de la ley, hasta que la movilización popular obligue a sus representantes a cambiarla, para salvar el espíritu de la democracia. Al hacerlo se salvaría a si mismo y su histórico sueño de paz, que los inquisidores juzgan maldita y endemoniada.