Nadie está en contra de que aquellos legítimos propietarios, que fueron despojados de su tierra por grupos armados al margen de la ley y delincuentes, recuperen sus predios. El fundamento es claro: quienes perdieron su tierra a manos de los violentos tienen que tener el derecho a que se les devuelva, pues la causa fue la falta de control del territorio por parte del Estado.
Ahora bien, el problema de la Ley de Tierras no es el principio sino la implementación. La violencia colombiana hizo que la propiedad, tenencia y posesión de la tierra haya sido y sea caótica; eso hace el proceso se anuncie como tortuoso y desde ya se anuncien visos de imposibilidad. Es grave, por las falsas expectativas que le crea a quienes aspiran a la restitución; también porque el proceso puede revivir pasiones y generar desgarros entre grupos sociales que si bien no han sido violentos, han sido víctimas y beneficiarios de esa violencia.
Lo primero que debemos señalar es que la violencia ha sido cambiante, y en esa medida los actores que han dominado las zonas también han cambiado. En de Necoclí podemos observar un fenómeno que ha tenido características muy similares en gran parte del territorio nacional. En líneas generales podemos decir que durante la década de los 70 llegaron los grupos guerrilleros a la zona; Farc, Eln entre otros. Su presencia y el constante asedio a los propietarios dieron lugar a que durante los años 80 muchos dueños perdieran la vida, otros vendieran los predios a precios irrisorios, y unos más simplemente los abandonaran. Esa fue la primera transformación de propietarios, la ocasionada por los grupos guerrilleros. En este contexto compraron quienes eran sus aliados o testaferros, pero también quienes podían convivir con los guerrilleros, entre ellos habitantes de la zona que aprovecharon la situación para invadir y apropiarse de la tierra que había quedado vacía.
Durante los años 90 llegaron los paramilitares y sucedió lo mismo; presiones, asesinatos, extorciones. Los propietarios y poseedores –aliados o no de las Farc- fueron interpretados como cómplices y también tuvieron que vender y abandonar; nuevos compradores y nuevos invasores aparecieron; los unos por ser aliados de los Paras, otros por no ser amigos de los guerrilleros y unos más sólo por la oportunidad de la coyuntura.
Entre tantos poseedores, dueños, invasores unos con vínculos con los grupos ilegales, unos que aprovecharon “libres de toda culpa”; la pregunta -que ya ha hecho el Representante Gómez Martínez- es a quién se le va a restituir la tierra. Esta es la cuestión. La tendencia parece ser la de favorecer a quienes fueron desplazados por los paramilitares, pues ahí hay un grupo significativo de campesinos y personas de escasos recursos; muchos de ellos invasores que para apropiarse de la tierra aprovecharon –sin que en ello haya necesariamente complicidad o mala fe- la llegada de las guerrillas. Con la llegada de los paras muchos de ellos fueron desplazados a favor de terratenientes, antiguos propietarios y nuevos invasores; algunos adeptos a estos grupos ilegales y otros simplemente obteniendo provecho de las circunstancias.
Esta es la raíz del conflicto social que puede engendrarse bajo la Ley de Tierras. Un proceso como este será demasiado complejo y la ley no tiene las herramientas para solucionar semejantes situaciones. Están por supuesto, estarán quienes intentaran engañar y sacar provecho en medio de tantas dificultades. Será difícil diferenciar los aliados de los grupos ilegales, de los simples beneficiarios pasivos. Y lo que debería ser obvio, la identificación del beneficiario, será siempre compleja; dejara desilusiones y desencantos. El caso de Las Pavas –que no está bajo esta ley- representa bien el asunto: Un propietario desplazado por la guerrilla, unos invasores que aprovechando las circunstancias se tomaron el predio; luego –al parecer- llegaron los Paras y los sacaron. ¿A quién se le restituye?
Ojalá Colombia no inicie un proceso para decir que la posición socioeconómica otorga los derechos.
@PalomaValenciaL