Piedad Cordoba dice que estamos muy cerca del dialogo con las guerrillas, pero no repara en que los requerimientos que anuncia como básicos, el fuero político y la constituyente, son excesivos.
Por supuesto que las negociaciones tienen costos para la sociedad, las ofertas han de ser atractivas para alentar los acuerdos; pero no exime la responsabilidad de analizar la dimensión de los costos.
Lo grave de las negociaciones laxas es que lejos de terminar la violencia, la incentivan. Desdibujan en la sociedad la gravedad del delito. Hoy en día muchos colombianos no sienten que ser asesino, secuestrador, terrorista sea malo. Ernesto Báez señaló que el número de reinsertados duplica el número de militantes de las autodefensas. Muchos se dijeron Paras para recibir el auxilio de 354 mil pesos que ofrecía el gobierno y hacer parte de los programas. La Constitución de 1991 dio la conclusión de que la violencia es un mecanismo político; las Farc están aspirando a obtener el perdón y olvido que se le dio al M19, constituyente y cargos públicos.
Colombia no puede seguir premiando a los violentos. Hemos llegado al límite y quien se desborde -sin importar lo elevado de sus intensiones- debe recibir un castigo ejemplarizante. Lo que debe ser claro para todos los colombianos es que no hay nada que justifique el uso de la violencia por fuera del Estado. Ceder ante los violentos nos hemos convertido en un carrusel. Repetirán un discurso hueco sobre el bienestar social, anunciarán liberaciones e incluso un cese al fuego. La violencia será –como está siendo- atribuida a otros actores, como las bacrim. Y luego de la negociación habrá otra, tan rápido que ya se habla de negociaciones con las bacrim.
Los colombianos de bien siguen bajo la violencia y la ley favorece a los violentos. Resulta mejor ser o hacerse pasar por paramilitar o guerrillero para recibir los incentivos que los ciudadanos de bien no tienen. Ser decente en este país es más difícil que ser hampón; y eso tiene que cambiar.
Aquellas exigencias que se presentan como inocuas son los mayores logros de la Ley de Justicia y Paz. Eso es lo mínimo que se le puede exigir a las Farc: resarcimiento económico, verdad, privación de la libertad y perdida de sus derechos políticos. Habría además que superar todo lo que se hizo mal: una decisión que provenga de la sociedad y no sólo del gobierno, confesiones televisadas, control sobre los prisioneros y lo que es más importante, hay que generar estímulos para crear y mantener los buenos ciudadanos.
Las Farc siguen siendo las que conocimos en el Caguán; tramposas y dobles. Las coordenadas que dieron en el Tolima eran falsas; los secuestrados estaban en el Cauca. Quién sabe para que se usó el cese de actividades militares en esa zona. No les importa el dolor que causan a los secuestrados, a sus familias, al país. Siguen secuestrando y asesinando, y usan la vida y la libertad de los colombianos como medio para sus fines. El gobierno exigió la liberación unilateral de los secuestrados es lo mínimo.