“La paz tiene un costo y, si la queremos, tenemos que darles la mano a los que dejan las armas,” declaró recientemente Alejandro Éder, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, manifestando su angustia por la resistencia que hay en la sociedad civil a acoger a los reinsertados quienes, muchas veces, cuando consiguen empleo, lo hacen sin reveler su pasado, pues temen que si sus empleadores llegan a conocerlo, los despidan.
Sin embargo, si bien la sociedad tiene que hacer un gran esfuerzo para acoger a quienes dejan las armas, y no estigmatizarlos, el Estado no puede, al comienzo del proceso de reinserción, y mientras los desmovilizados dan pruebas de que saben vivir en paz en medio de una comunidad, endilgarle al sector privado la responsabilidad de emplearlos en sus empresas. ¡Es muy comprensible que los empresarios teman tener tan cerca a personas que se acostumbraron a usar las armas para obtener sus fines!
En cambio, el Estado sí tiene la obligación de garantizarles un empleo estable. Puede ponerlos a trabajar, por ejemplo, en áreas donde no se afecte la productividad, como tapar huecos en las calles, cuidar bosques, restaurar fachadas o, incluso, puede promover desarrollos agropecuarios para emplearlos. Así, luego de que lleven un buen tiempo reincorporados a la vida civil, de que se hayan adaptado a la sociedad, y de que ella los haya acogido, los reinsertados dejarían de ser vistos como una amenaza y, seguramente, serán acogidos sin mayor aprehensión por el sector privado.
Nunca he creído que sea una buena política esa que aplican desde hace casi una década, de entregarles por unos meses un subsidio cercano al salario mínimo, darles un par de cursos para que aprendan un oficio, y soltarlos de los albergues luego de entregarles entre dos y ocho millones de pesos para que monten un proyecto productivo. Hacer empresa es muy difícil: algo así como el 95% de las que se inician fracasan en los cinco primeros años. De modo que si los reinsertados no malgastan esa plata, lo más probable que monten negocios que quiebren al poco tiempo. ¡Claro que hay experiencias afortunadas! Eder menciona casos ejemplares, de desmovilizados que tienen empresas con cien empleados. ¡Pero esa no debe ser la regla!
Le sale mejor al Estado emplear a los 30.000 desmovilizados más los otros diez o 15 mil que le lleguen si resultan exitosos los procesos con las guerrillas, que arriesgarse a que ellos, al verse frustrados por no conseguir empleo, vuelvan a delinquir.
Ahora, en lo que sí hay que hacer un esfuerzo enorme es en lo que se refiere al perdón. No puede haber paz si no perdonamos. Por eso es un ejemplo admirable el de Constanza Turbay Cote, quien después de que las Farc le asesinaron a su madre y a sus hermanos, hoy nos demuestra que sí es posible superar el rencor y perdonar a quienes tanto sufrimiento le causaron.
“La sociedad tiene que echarse la reintegración al hombro”, afirma Alejandro Eder. Pero para facilitarle esa labor, también es indispensable que los victimarios de todos los sectores digan la verdad y les pidan perdón a sus víctimas. Así la sociedad podrá ver que su propósito de no volver a masacrar, ni a asesinar, ni a secuestrar, es sincero. Y así le quedará más fácil acogerlos en su seno…