«Hay que desuribizar la seguridad y diseñar una política nacional de seguridad», dice Alonso Salazar, alcalde de Medellín, quien conoce la delincuencia, no sólo porque antes fue secretario de Gobierno, sino porque ha escrito libros memorables sobre el tema, como No nacimos pa semilla y La parábola de Pablo, ejemplo de periodismo literario que narra la vida, pasión y muerte de Escobar.
Es que Uribe tenía su propia política de seguridad, que desplegaba personalmente, de un lado a otro, motivando a la tropa, regañando a generales y comandantes, saltándose las líneas de mando, con el único objetivo de lograr su obsesión: ¡ganarle la guerra a la guerrilla! Y su resultado fue muy bueno —¡nadie va a negarlo!—, pues consiguió que la guerrilla abandonara territorios, se replegara y se pudiera volver a vivir en el campo y a recorrer las carreteras: parecía como si la guerrilla hubiera desaparecido… Pero se adaptaba a su nueva situación: la de tener que dejar la guerra de posiciones para adoptar de nuevo la guerra de guerrillas… Y volvió a guerrear de esa forma, tal vez un año antes de que terminara el mandato de Uribe.
Mientras tanto, se desmovilizó a los paramilitares de un modo tan mal planeado y ejecutado, que ahora padecemos las consecuencias, especialmente en lo relacionado con la seguridad ciudadana: explosión de bacrim; bandas operando sin jefes que manden pues, quienes lo hacían, fueron extraditados a EE.UU. y se sienten traicionados; delincuencia in crescendo en las ciudades, nutrida en gran parte por exparas desmovilizados o por jóvenes que se unen a esos grupos empujados por su deseo de huir del maltrato familiar y porque no encuentran oportunidades; Policía tratada como cuerpo de segunda al que se le da sólo el 10% del presupuesto del Ministerio de Defensa; y grave corrupción en la Policía, que a veces es cómplice de los delincuentes, flagelo que, a pesar de sus esfuerzos, no ha podido erradicar en forma sustancial el general Naranjo.
Para enfrentar esos fenómenos, Uribe no tuvo una política nacional de seguridad ciudadana. Se limitó a su seguridad democrática. Y Santos, quien anunció que lanzaría una nueva, aún no lo ha hecho. ¡Y ese tema no da espera!
Una política nacional de seguridad, según Alonso Salazar, tendría que ser institucional (no presidencial) y reunir estos aspectos: 1. Diagnósticos de la delincuencia en cada zona urbana y rural (varían mucho). 2. Medidas de los índices de seguridad no sólo basados en el número de homicidios, sino también de extorsiones y hurtos agravados, y en la posibilidad del Estado de ejercer efectivo control territorial en todos los rincones. 3. Diseño de una Política Criminal del Estado, consensuada con las Cortes, en la que cooperen armónicamente los poderes y no rivalicen entre ellos; en la que los ministros de Defensa y del Interior, los alcaldes y demás funcionarios marchen al unísono; en la que la Policía dependa del Ministerio del Interior y se fortalezca, junto con la Policía Judicial, la inteligencia y la contrainteligencia y, en aras de su depuración, haga reclutamientos mucho más rigurosos; en la que se obligue a los desmovilizados a cumplir sus compromisos y que, en efecto, de lo contrario pierdan sus beneficios; en la que se desarme a la población; en la que se les dé acompañamiento social mediante visitas domiciliarias periódicas que les ayuden a superar sus dificultades; en la que el Estado, como conjunto, esté presente entre la gente; y en la que, de verdad, se les brinden oportunidades a los jóvenes.
Así debería ser una política nacional de seguridad, según nuestro colega Alonso Salazar. ¡Escúchelo, presidente! ¡Tiene toda la razón!