En momentos en que se acerca la discusión sobre qué tanta justicia estamos dispuestos a sacrificar para obtener la paz, hay que decir dos cosas: que la opinión no entendería que los jefes de la guerrilla ejercieran como congresistas, mientras que los generales y coroneles que dirigieron operativos de guerra para defender al Estado permanecen presos. Y que tampoco entendería que quedaran en la impunidad los falsos positivos, es decir, los asesinatos de inocentes de manos de miembros de las Fuerzas Armadas que, acosados por la exigencia de resultados en la guerra por parte de sus jefes, hacían pasar a estos jóvenes anónimos que recogían en las calles por “guerrilleros muertos en combate”.
A propósito, José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch, le envió una dura carta al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, en la que le pide que retire del Senado el proyecto de ley que reforma el sistema de justicia penal militar, el cual ya ha superado dos de los cuatro debates requeridos, porque, según él, “permitiría que casos conocidos como ‘falsos positivos’ sean transferidos de la justicia ordinaria a la justicia penal militar”, y que, “considerando la impunidad que ha prevalecido en la actuación del sistema de justicia militar, remitir esos delitos a esa jurisdicción implicaría menoscabar sustancialmente cualquier posibilidad de justicia”.
No obstante que la extensa carta de Vivanco parece muy bien documentada, cuando le pregunté en un mensaje de texto al ministro Pinzón su opinión sobre ella, me respondió: “el proyecto al que hace referencia en el periódico una declaración del Dr. Vivanco, nada tiene que ver con falsos positivos. Es el proyecto que implementa el sistema penal oral acusatorio en la justicia militar. Es de temas de procedimiento”.
Confío en la palabra del ministro. Sin embargo, hay que dejar claro que aquí no caben esguinces, ni incisos leguleyos, ni micos pasados sin saber cómo: ¡simplemente, los falsos positivos no pueden quedar impunes! Ese es un asunto de principios.
Por otra parte, también vale la pena meditar sobre si la reforma que se estudia ahora se acomoda al país del posconflicto, el cual, como esperamos todos, debe nacer el año próximo, o si sería mejor aguardar a que se dé la nueva situación para preparar una reforma al sistema de justicia militar que esté acorde con las nuevas circunstancias del país.
E igualmente conviene empezar a discutir ya qué beneficios pueden recibir, una vez concluya el proceso de paz con la guerrilla, los militares que están siendo procesados o que hayan sido condenados por acciones que tienen que ver con nuestro estado de guerra.
Al respecto habrá opiniones diversas: los puristas dirán que los servidores del Estado no pueden ser delincuentes y que, bajo ninguna circunstancia, ellos pueden violar los derechos humanos. Otros sostendrán que no pueden equipararse los miembros de la Fuerza Pública con los guerrilleros de las Farc, responsables de delitos atroces. Pero la realidad es que se nos aproxima un proceso de perdón o de disminución de penas para los insurgentes, y que lo justo sería que los militares también fueran beneficiados y que se diera una especie de perdón y olvido para casi todos. ¿O para todos?
Son temas que debemos empezar a abordar ya, con valor, con generosidad pero, ante todo, con realismo…