Definitivamente se le fueron las luces al candidato a fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y con él, a todos los patriarcas que le apoyaron su planteamiento de que hay que “revaluar la criminalización” de la violencia contra las mujeres porque “atosiga” a todo el sistema penal.
Semejante barbaridad la dijo cuando le respondía a la Corte Suprema de Justicia la pregunta sobre “qué estrategias pondría en marcha para combatir la violencia intrafamiliar y el feminicidio”. Mientras que el candidato a la Fiscalía Yesid Reyes respondió que debía mejorarse “la articulación entre las comisarías y las fiscalías para la recepción de denuncias y el trámite de los procesos”, porque esa violencia genera 80.000 denuncias y 1.200 detenciones anuales, lo cual congestiona los juzgados, y que debía fortalecerse Medicina Legal para agilizar los dictámenes psicológicos; y mientras la otra candidata, Mónica Cifuentes, afirmó que el feminicidio es la “expresión más grave de la violencia intrafamiliar”, por lo que debe hacerse una valoración temprana de su riesgo, y capacitar unidades especializadas para estos casos, Martínez opina que el problema se soluciona descriminalizando el delito, es decir, “vendiendo el sofá”.
¡No hay nada más equivocado! La violencia intrafamiliar ha crecido hasta el punto de que más de un tercio de las mujeres ha sido maltaratada por sus parejas, porque justamente los hombres han logrado que ni esa violencia, ni las violaciones, sean vistas como un delito grave. Y la violencia intrafamiliar es nada menos que la cuna y la causa de las otras violencias: como dijo esta semana un artículo de The New York Times, titulado, “Para parar la violencia, comenzar por el hogar”, “los hombres arrestados por cometer actos violentos empezaron a menudo atacando a sus novias y a sus esposas; y en muchos casos, los cargos en su contra por violencia doméstica no fueron tomados en serio”. Y agrega: “un análisis de la historia criminal de cientos de miles de delincuentes en el estado de Washington, sugiere que una imputación de un delito de violencia intrafamiliar predice que muy probablemente esa persona cometa otro crimen después. Con tanto en juego”, concluye el diario, “debería ser una prioridad para cualquiera responder a la violencia contra las mujeres”.
Ahora, como afirma la exfiscal Viviane Morales, es un hecho que la violencia intrafamiliar “no se cura únicamente con la intervención penal”. Pero es indudable que si ella se descriminaliza, como propone Martínez, se les envía a los hombres el mensaje equivocado: el de que no es grave maltratar y golpear a sus mujeres, pues se trata de una falta menor, conciliable y carente de sanciones.
Es lo mismo que pasa con la inasistencia alimentaria. Si con el riesgo de ir a la cárcel tantos hombres eran tan irresponsables a la hora de sufragar los gastos de sus hijos, luego de tomada la medida de no castigar con cárcel ese comportamiento, muchos no tienen el menor reato en escatimar cualquier pago de gastos de alimentación o salud de su prole, sin reparar en el impacto sicológico y económico que causan en ella.
Es indispensable que la sociedad, los legisladores, los fiscales y los jueces, dejen de ser complacientes con la violencia contra la mujer. Es tal su impacto en la pobreza y en la ruina social de los pueblos, que acabarla es el tercer objetivo del milenio de Naciones Unidas, después de la erradicación de la pobreza y del acceso universal a la educación primaria.
Y a propósito, una pregunta final: ¿cómo les parece que solo los juristas hombres apoyaron la tesis de Néstor Humberto, y las mujeres juristas la atacaron?