YA NO HAY MARCHA ATRÁS. DESpués de que Luis Guillermo Giraldo, secretario del Partido de la U (u de uribista) y promotor del referendo pro segunda reelección de Uribe, le entregó a la Registraduría 5’021.873 firmas de colombianos que lo apoyan, el proceso que desembocará en su tercer mandato ya no tiene reversa.
No importa que tres gobiernos seguidos de Álvaro Uribe no le convengan a nuestra democracia porque, entre otras razones, rompen el equilibrio entre los poderes que con tanto celo se ha mantenido y frustran a otras generaciones porque bloquean las aspiraciones legítimas de gobernar a Colombia que tienen dirigentes capaces y jóvenes aún, como Sergio Fajardo, Lucho Garzón, Gustavo Petro, Rafael Pardo, o incluso uribistas como Juan Manuel y Francisco Santos o Germán Vargas Lleras; ni importa que la imagen del Primer Mandatario quede equiparada a la de esos ridículos dictadores que se inventan cualquier cosa con tal de satisfacer su libido de poder; y menos importa que el mismo Uribe no haya tomado la decisión consciente de lanzarse a su tercera presidencia; y tampoco importa que su señora, Lina Moreno, con la sabiduría que la caracteriza, también esta vez se oponga a la reelección de su marido.
Ya el inconsciente de Uribe decidió seguir siendo Presidente. (¿Hasta cuándo? Ni él mismo lo sabe). Por ello no frenó la consecución de firmas pro reelección con una declaración tajante en el sentido de que no le jalará a la vaina. Por eso se limitó a decir que lo importante es que se reelija la seguridad democrática. Por eso quiso meternos el cuento de que se trata de una iniciativa popular y de que él no tuvo nada que ver con ella. Por eso, en fin, ha permitido que se cree el hecho de que más de cinco millones de colombianos pidan que él siga en la Presidencia y que sus firmas de apoyo a esa iniciativa hayan sido presentadas a la Registraduría, entidad que, según la ley, tiene la obligación de gastarse $1.600 millones (o lo que valga) en verificar si las firmas son legítimas y si hay las suficientes (1’439.000) para que se presente al Congreso el proyecto de Ley de referendo que nos preguntará si estamos de acuerdo con que “quien haya ejercido la Presidencia por dos períodos constitucionales” pueda “ser elegido para otro período”.
A más tardar, el 11 de septiembre, la Registraduría dirá que sí hubo las firmas suficientes para que se presente el proyecto. Entonces el Congreso se tomará dos o tres meses para aprobarlo y la Corte Constitucional demorará revisándolo entre cuatro y seis meses. Es decir que la política electoral y las decisiones de los posibles candidatos durarán paralizadas todo el primer semestre del año entrante, pues el referendo sólo se votará hacia mayo o junio, momento en el cual sufrirá su prueba de fuego, ya que, para ser aprobado, deberán votarlo por lo menos siete millones de colombianos que conforman el 25% del censo electoral.
No obstante, no habrá sino dos posibilidades: la de que no vote el mínimo requerido, caso en el cual la política colombiana por fin seguirá su curso normal. O la de que después de que el Gobierno haya multiplicado su populista repartición de subsidios a los pobres (familias en acción) y a los ricos (exenciones tributarias) se apruebe el referendo. En ese caso no habrá la más mínima posibilidad de que el Presidente no lance su candidatura porque se dirá a sí mismo, le dirá a Lina y nos dirá a todos que él no puede sacrificarse ante tan mayoritario y abrumador pedido de la Patria.