A raíz de la decisión de la embajada de los EE. UU. de negar la visa a un congresista y a un magistrado colombianos, sin que aún se sepa si a los de la Corte Constitucional también se les ha cancelado, las reacciones en Colombia resultan sorprendentes.
Resulta obvio que el departamento de Estado de los EE. UU. tiene el derecho a cancelar el visado a cualquiera que considere.
Sin embargo, lo novedoso en esta cohorte de supresiones de visas radica en que están asociadas a una presión puntual: objeciones relacionadas con la JEP. Algo va de cancelar la visa a individuos asociados a negocios del narcotráfico a la pretensión de amedrentamiento alrededor de un tema que está en cabeza de las instiuciones colombianas. Es claro que dicho amedrentamiento existe, dados los antecedentes del instrumento: ¿sin visa yo? ¿Qué hice?
No obstante, el Departamento de Estado, dadas las reacciones de la dirigencia colombiana, no cambiará, probablemtente, al menos en el corto plazo, de línea de comportamiento. Nadie, en las esferas diplomáticas, ha manifestado el desacuerdo con la presión política implícita de la cancelación de las visas, solicitando respeto por la democracia colombiana.
En cuanto a las reacciones, en líneas generales, en lo que respecta a las manifestaciones de líderes políticos y comentaristas, pareciera que hay algo claro: quienes aprueban las objeciones a la JEP tienden a estar de acuerdo con la decisión de la embajada, con distintos argumentos.
El más terrible, de rubor, es el de atribuirles a los magistrados vínculos con el narcotráfico. Ahí no hay discusión que dar.
Otro que se trae a colación consiste en cómo Colombia no ha hecho la tarea en materia de la lucha contra las drogas, trayendo a colación el argumento de cómo aumentó el área cultivada en los últimos años. Lleva implícita la idea de no haber hecho la tarea completa: el castrochavista de Santos interrumpió el glorioso camino de supresión de la oferta. Falso.
Cualquiera que examine la serie de datos contenidos en los informes de la Oficina Contra las Drogas de las Naciones Unidas, o de la Casa Blanca, o del Congreso de los EE. UU., podrá constatar que ni la oferta ni la demanda de cocaína han disminuído en 20 años de lucha fallida contra las drogas. Hay que hacer la otra cuenta: la de nuestros muertos…
Así que, si la vicepresidenta afirma que respeta las decisiones del Departamento de Estado, está en lo cierto. Lo que le faltó afirmar es que exige el respeto por las decisiones de las instituciones colombianas. Tal olvido, así como la falta de manifestación de parte del presidente Duque, se asocian al recorrido de marrulla en el Congreso alrededor de la JEP.
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