LA CACERÍA, EL COMERCIO DE ES- pecies, ciertas prácticas deportivas, algunos proyectos económicos asociados con la explotación de recursos naturales y la expansión de las fronteras agrícolas han contribuido a extinguir miles de especies animales en todo el mundo.
Numerosas organizaciones cívicas se dedican hoy a defender animales en peligro, como osos panda, cóndores, tigres, gorilas y elefantes. Entidades como el Banco Mundial han puesto en marcha iniciativas como la de “Salvemos Nuestras Especies”, con el fin de frenar la extinción. Otras se dedican, además de la protección de los animales, a mitigar el maltrato. Bienvenidas todas.
Sin embargo, la preocupación por seres humanos en riesgo de extinción no parece ser la misma. ¿Qué ocurre con la desaparición de pueblos indígenas en nuestro país?
Asediados por siglos, la violencia de las últimas décadas está acelerando el exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas. Conflicto armado y narcotráfico generan, en forma rutinaria, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y pérdida de territorios. La integridad de las culturas indígenas se está desmoronando.
Más de 1.700 indígenas han sido asesinados durante la década que termina (datos ONIC).
Quedan en Colombia tan sólo un millón cuatrocientos mil, agrupados en 87 pueblos, según el DANE (102, según ONIC). Treinta y dos pueblos indígenas cuentan, cada uno, con menos de 500 personas; de ellos, dieciocho con menos de cien. Sabiduría ancestral, lenguas, medicina, inmensa capacidad de preservación de la biodiversidad, formas propias de gobierno y organizaciones colectivas, aspectos que podrían ser un activo enorme para Colombia, están a punto de desaparecer en medio del desinterés general. En total, se estima que 64 pueblos están en riesgo de extinción (según la Corte Constitucional).
No sólo los grupos armados tienen intereses en los territorios ancestrales. Agentes de la minería ilegal y legal; uso de territorios para la producción de coca y vías para la exportación del clorhidrato, así como las correspondientes fumigaciones; ciertos monocultivos comerciales; megaproyectos hidroeléctricos, de hidrocarburos y de infraestructura que suelen realizarse en territorios indígenas sin que se lleven a cabo las consultas a que la ley obliga, empujan a los pueblos indígenas hacia su disolución.
Pobreza y abandono institucional complementan la situación de alto riesgo de los indígenas.
El diagnóstico es conocido y aceptado por la Corte Constitucional (Acto 04 de 2009, ponencia de M. J. Cepeda). La Corte ha declarado que los pueblos indígenas están en peligro de extinción y que el Estado debe tomar las medidas para prevenir tal situación. Ha ordenado la elaboración de planes de salvaguarda étnica para 34 pueblos (incluyendo los Wiwa, Kankuamo, Kogui, Wayuu, Yanacona, Embera y otros). El acto de la Corte completa dos años el próximo enero de 2011. El cumplimiento ha sido mínimo. ¿Qué dirá el próximo censo del DANE?