El Gobierno piensa que, al votar por el presidente, los colombianos votaron a favor del proceso de paz, convirtiendo las negociaciones de La Habana en un mandato electoral.
Aunque cabría, también, la explicación de que simplemente preferían el presidente a Zuluaga, y lo que suponía el electorado que implicaría una victoria de éste último. Y, en el frente externo, el Gobierno no se cansa de repetir que en el exterior el proceso genera un respaldo unánime (como si los gobiernos extranjeros pudieran decir otra cosa).
Pero hay muy poca claridad sobre lo que la paz representaría. Es improbable que un acuerdo reduzca significativamente el narcotráfico y, por lo tanto, la violencia asociada. El narcotráfico, la extorsión, la corrupción, la inseguridad urbana, nada de esto tiene por qué cambiar.
También es improbable que un acuerdo de paz aumente la tasa de crecimiento económico. El crecimiento de un país de ingreso medio, como Colombia, obedece fundamentalmente a factores de índole tecnológica: qué tan rápido adoptamos las mejores prácticas del exterior, en términos de máquinas, conocimientos y normas. La desmovilización de 7.000 guerrilleros no cambia en nada los parámetros de este asunto. Si es que son todos estos: puede ser que se esté negociando con el muñón de la organización. En todo caso, puede haber aumentos marginales de la inversión en zonas apartadas, pero nadie ha presentado un análisis convincente de cómo se traduciría esto en una mayor tasa de crecimiento.
Las enormes inversiones a las que se estaría comprometiendo el Gobierno, del orden de $40 billones según los reportes, tampoco tendrán mayor efecto sobre la tasa de crecimiento. Representarían, si en realidad se realizaran, un gran esfuerzo redistributivo, que en algunos casos podrá ser justificado y en otros no. Pero hay que preguntarse si estas inversiones en realidad se van a hacer. Colombia ya tiene un problema fiscal y no se sabe de dónde saldrán los recursos. Ni si el Estado tiene la capacidad de emprender los proyectos. Muchos de ellos con seguridad no sobrevivirían un cuidadoso análisis de costo beneficio. Y, como todos los esfuerzos redistributivos, este generará una pugna política para determinar ganadores y perdedores. Quienes ven en los acuerdos una oportunidad para refundar el país, haciendo en 15 años lo que ha costado tanto trabajo hacer en 200, son ejemplo de gran optimismo.
Ni siquiera es claro que la justicia salga fortalecida del proceso. La cuota inicial de un acuerdo será el otorgamiento de una amnistía general, a los guerrilleros y los miembros de la fuerza pública que tengan problemas judiciales. Pero la impunidad difícilmente será la piedra angular de una justicia más eficaz. Y, como en tantos otros países, esto no será la última palabra, pues entre mayores los beneficios otorgados ahora, mayor será la presión de las víctimas por reabrir el tema, sobre todo pasado el entusiasmo inicial.
La ilusión de grandes transformaciones hace parte del discurso público, pero en privado un gran número de analistas expresa su escepticismo sobre los resultados del proceso. Muchos de ellos en realidad apoyan el esfuerzo de negociación. No hacen parte de la oposición uribista. Pero así como creen que el esfuerzo militar de los últimos 10 o 15 años cambió el panorama de Colombia (sin generar, tampoco, cambios milagrosos), expresan una percepción minimalista sobre los beneficios de los acuerdos. Vale la pena salir del tema, dicen, aunque las cosas no cambien mucho.
Existe el riesgo de que, entre más se demoren las negociaciones, mayor sea el desgaste del proceso y, por lo tanto, mayor el escepticismo de la opinión pública. A su vez, mayor la tentación del Gobierno de pintar un panorama utópico de los posibles resultados, para contrarrestar la fatiga. Es un dilema complicado. Quizás lo único que está claro es que el Gobierno debería tratar de terminar pronto, en todo caso mucho antes de que llegue el próximo ciclo electoral, y que no debería posponer una agenda reformista, que es necesaria con o sin paz.
Rafael Rivas Mallarino *