SON MÁS GRAVES Y PREOCUPANTES las señales que día a día se perciben del derrumbe institucional, que en buena medida venimos padeciendo por cuenta de la reelección presidencial. Y lo más grave es que todo indica que a nadie le importa lo que está ocurriendo.
En efecto, cayó esta semana el alevoso decreto con base en el cual el Presidente y sus ministros decretaron la conmoción interior para conjurar el legítimo paro de los trabajadores de la justicia, a quienes no sólo les adeudaban importantes y justas prestaciones, sino que aun hoy el Estado sigue sin atender esa carga laboral. Desde esta tribuna dijimos en su momento que la tal conmoción interior era abiertamente inconstitucional, tanto que hasta la Corte Constitucional, de inocultable mayoría uribista, no tuvo más remedio que sepultarla.
Recordemos que el Gobierno llegó a esta solución antidemocrática, porque un reconocido banquero cercano al régimen, seguramente asesorado por el ex ministro Néstor Humberto Martínez, sugirió como solución frente a la huelga judicial, que el país se sometiera a la conmoción interior. El Gobierno se fue de bruces, sin importarle satanizar una protesta sindical, especialidad en la que ya ha despertado la sospecha recurrente del Congreso americano, a juzgar por la dura sesión del jueves anterior, donde le llovieron rayos y centellas por los crímenes de sindicalistas.
Y ahora que la Corte Constitucional decidió que no eran valederas las razones por las cuales el Gobierno decretó la conmoción interior, quedamos a la expectativa de que los partidos de oposición le digan a la opinión pública de qué manera se ocuparán de hacer cumplir el artículo 214 de la Carta Política, el cual manda que el Presidente y los ministros serán responsables cuando declaren los estados de excepción sin haber ocurrido los casos de conmoción interior. Se entiende que el “Absolvedor General de la Nación”, Alejandro Ordóñez, guarde silencio, pero no el Liberalismo ni el Polo Democrático.
Hay que recordar que el Gobierno con la silenciosa complicidad del Consejo Presidencial de la Judicatura abusó de la conmoción interior, pues al amparo de la misma pretendió reformar las normas sobre la justicia y algunos códigos, al parecer obedeciendo a impublicables conveniencias que despertaron legítimas dudas sobre la transparencia de las decisiones.
Pero si por el Gobierno llueve, por la Fiscalía no escampa. No ha podido aún el ente acusador explicar las razones por las cuales se produjo un intempestivo cambio de asignación de la denuncia que por fraude procesal formuló el representante Germán Navas Talero contra los promotores del referendo, precisamente cuando ya una Fiscal había radicado solicitud de audiencia de imputación de cargos contra Luis Guillermo Giraldo y otros más.
Este Gobierno patentó la perversa fórmula de que cada reelección presidencial trae su denuncia penal y un selecto grupo de sindicados, y eso tan censurable tampoco mortifica a nadie.
La Fiscalía le debe una explicación al país, que convenza, pues resulta insólito semejante reversazo judicial, decretado a última hora cuando ya los aliados del Presidente —uno de los cuales se ufana de la vecindad y amistad cercana con el propio Fiscal—, estaban con un pie en la cárcel.
Y a todo lo anterior se suma la actitud ilegal del Presidente, quien sigue sin integrar, al menos oficialmente, las dos ternas restantes de candidatos para la Corte Constitucional, no obstante que venció el período de los titulares.
Adenda: ¿La de Andrés Felipe Arias será candidatura presidencial, o mejor caricatura presidencial?