NO ENTIENDO POR QUÉ AHORA MUchos se aterran de que la escandalosa salida de 27 oficiales del Ejército, esté relacionada con el ajusticiamiento y la desaparición de personas humildes.
Era obvio que lo que ahora nos tiene estremecidos, tarde o temprano iba a ocurrir, pues hubo muchas señales de que debajo de los puentes de la seguridad democrática corrían las aguas de las guerras sucias y el terrorismo estatal.
No es fortuito que el acto inaugural del sexenio de Uribe, haya sido la conformación en Valledupar de una brigada de soplones, que no acabó con la insurgencia, pero sí con la intimidad de los vallenatos. Después unos soldados acribillaron en Cajamarca varios campesinos, entre ellos un bebé, porque “creyeron” que se trataba de un comando insurgente. Luego llegó el crimen de Guaitarilla, donde hombres del Ejército comprometidos en cosas turbias, mataron unos policías. Más tarde en Jamundí, un comando del Ejército asesinó a otro de la Policía. Recientemente, un subversivo reclamó con el beneplácito oficial una recompensa jugosa a cambio de la mano del jefe de las Farc, que asesinó mientras dormía.
Por todo eso no es extraño que el entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina –el candidato del régimen a Fiscal– haya expedido la tenebrosa directiva ministerial 29 de 2005, que patentó el negocio de la muerte, pues decidió premiar con más de tres millones de pesos, a quien aniquile un insurgente raso. Esa directiva abrió las puertas para las desapariciones y muertes hasta de indefensos campesinos, ejecutadas por oficiales inescrupulosos que los presentaron como guerrilleros caídos en combate.
De esa siniestra directiva ministerial ahora sabemos que han quedado regados cadáveres hasta de inocentes a lo largo y ancho del país, como también miles de investigaciones en la Procuraduría y en la Fiscalía, que apenas van en simples titulares de prensa.
Asombra que ahora Uribe le diga al país que es preferible un guerrillero desmovilizado que uno dado de baja, como si no lo hubiésemos oído hace un par de meses en un Consejo Comunal en Medellín, en vivo y en directo, ordenando a sus generales que acabaran con un delincuente y se lo apuntaran a su cuenta. ¿Lo lograrían?
Tampoco se nos ha olvidado que Juan Manuel Santos, el mes pasado se pavoneaba proponiendo que la seguridad democrática debería elevarse a norma constitucional y convertirse en política permanente de Estado. Veremos si insiste en esta impostura, después de que las autoridades establezcan que sí hay una pavorosa coincidencia entre el incremento de falsos positivos y el aumento del pago de recompensas, sobre las cuales el Gobierno no ha ofrecido cuentas.
El Gobierno pretende que este nuevo enredo de los muertos y desaparecidos le resulte barato, entregando la cabeza de 27 militares y lavándose las manos olímpicamente, como lo hizo cuando cayeron dos directores del DAS, o cuando botaron a una docena de generales de la Policía por interceptaciones ilegales.
Si Uribe se equivocó prohijando la peligrosa directiva 029 de 2005 del Ministerio de la Defensa, todavía más si no rectifica el cuestionado rumbo de la seguridad democrática. Así lo pide la opinión pública que por primera vez está atemorizada, ante el peligro inmenso que entraña para una sociedad civilizada, que el terror alimente la quimera de la paz.
Adenda.- Insólito que por vencimiento de términos salgan libres los militares sindicados de los graves hechos de la toma del Palacio de Justicia. Esos oficiales tienen derecho a que los declaren inocentes y la comunidad a saber si son culpables.