En mis tiempos de radiofonista en activo, allá por 1997, pergeñé una glosa para decir verdades como puños escondidas en la ironía.
La glosa no ha perdido actualidad (todo lo contrario), y según ella, la Confederación Internacional de Periodistas (CIP) habría establecido unas normas altamente estrictas en materia de información política.
Recurrió para ello a la autoridad indiscutible de la Comisión de Homologación de la Unión Europea, que regula desde el tamaño de los cartones de jugo de naranja hasta el diámetro de los quesos, para poner sólo dos ejemplos. En este caso se trataba de un problema peliagudo, no previsto por los omnipotentes normadores de Bruselas: la vigencia de las opiniones políticas.
Para nadie es un secreto que los políticos mudan de opinión con más facilidad que de ropa interior, o mejor dicho, de corbata, que es una estadística mucho más fiable. Lo que ello significa para los profesionales de la información, no es necesario explicitarlo. Donde ayer dijimos que alguien dijo digo, ahora tenemos que decir que en realidad dijo Diego.
En regímenes democráticos es algo más o menos deglutible. Pero no en los no democráticos, o simplemente devotos, que son los más; basta ojear el mapamundi. Y lo cierto, aunque nos duela, es que los periodistas nos vemos obligados a trabajar en cualquier clase de régimen, eso para no hablar de quienes estamos a dieta, sometidos además a otro régimen.
Así pues, el acuerdo marco al que se había llegado en la reunión de la CIP estableció de modo categórico que, como cualquier otro tipo de mercancía, todas las opiniones emitidas por los políticos, no importa de qué color o partido, llevarían a partir de la entrada en vigor de dicho acuerdo una fecha de caducidad claramente visible.
De ese modo ya no podría suceder lo que sucedió, sin ir más lejos, con el presidente peruano Fujimori cuando lo entrevisté para la Radio Deutsche Welle a mediados de octubre del 96, y me aseguró, sin que se le alterase un músculo de la cara, que el terrorismo había sido erradicado de su país. Según el acuerdo marco, esa opinión, bastante frágil en sentido cronológico, debiera catalogarse como Ia, y la hubiésemos tenido que emitir añadiendo: “Fecha de caducidad, dos semanas a partir del día de la fecha”. Quedó cumplidamente demostrado poco después con el asalto del comando guerrillero a la residencia del embajador japonés en Lima.
Donde no se consiguió acuerdo fue sobre la catalogación de afirmaciones como la del canciller alemán Kohl, de que en el año 2000 se habría reducido a la mitad el número de desempleados en Alemania. Una opinión es una cosa, arguyó el representante de Andorra, y una utopía es otra.