Tuvimos una agitada y emocional semana pasada que nos dejó la tan esperada liberación de una pequeña proporción de aquellos que habían sido privados de la libertad, lo que a su vez, permitió observar también, los contrastes entre las alegrías y alivio de familiares de los ahora exsecuestrados, con la vigente tristeza de los parientes de quienes aún no se conoce “paradero”.
Hubo espacio para todo, desde loas por parte de defensores de la política de “seguridad democrática”, como de recriminaciones al gobierno mediante airados pronunciamientos de sus detractores, empezando por las declaraciones del exgobernador del Meta, las cuales se convirtieron en base de obligatorio comentario sobre la realidad nacional y que contaron con amplificación que muy pocas veces es tenida por temas o personajes de nuestra tierra llanera.
El sufrimiento causado a un secuestrado y a su familia no debe ser aceptado para nadie, bajo ninguna circunstancia, lamentablemente al tiempo que se celebra la liberación de cada personaje, se mantiene en el anonimato el rostro de cada uno de aquellos que siguen bajo el poder y aflicción de sus captores.
Fijó Alan una clara posición en torno a la figura del “Acuerdo humanitario”, según la cual sería la única salida para superar las dificultades de Colombia; respetamos la entereza de Jara luego de tanto sufrimiento, pero considero necesario disentir de su opinión pues el Estado tiene tanta responsabilidad con la defensa de su integridad en medio de una agresión tan prolongada, como con el resto de las víctimas, actuales y potenciales, máxime cuando en el último par de meses se ha conocido en la región el retorno de lo empezábamos ha creer estaba desapareciendo.
Respetado Exgobernador, se le admira la dignidad con que enfrentó la violencia de sus agresores, lo sufrido por usted y su familia no es deseable para nadie, pero creo que hay un falso dilema cuando se propone escoger entre un amorfo “Acuerdo Humanitario” y una “acción de la fuerza pública”; pues la evidencia empírica ha mostrado que es la presencia simultánea de estas y otras posibilidades lo que ha llevado al progresivo desmonte de la tragedia colombiana del secuestro, que indudablemente viene a la baja.
Admitir la disyuntiva es ayudar a frenar el descenso de esta criminal industria, que unas veces, la mayoría, ha servido en propósitos económicos y otras como en el caso suyo, en propósitos políticos, pero no olvidemos tampoco a aquellos a los que por la maldad de sus encadenadores, no les llegó ni acción ni acuerdo y ya nadie menciona. Creer que una medida puede ir delante de la otra, es subordinar la libertad propia al ilegal interés del secuestrador y permitirle el control de la vida ajena, privilegio que es solo divino.