Más de una década de conflicto armado deja desmoralizada una población.
Por eso el alborozo, no creíble por algunos, al escuchar el compromiso de las partes enfrentadas a cesar definitivamente las armas, acoger las leyes y aceptar la sentencias de los jueces. En esa disposición a vivir juntos bajo un mismo orden político y jurídico radica el principal factor de la estabilidad y prosperidad de las naciones. No puede haber acto político más importante que el paso del estado de guerra al estado de civilidad. Hasta esto tendremos que aprenderlo, porque desde la independencia poca credibilidad en la concordia y la paz ha existido entre nosotros, no sin razones para desconfiar del Estado y de las guerrillas.
La desconfianza puede ser vencida con buenas dosis de generosidad. Esa generosidad que se observa en personas golpeadas por la violencia armada y que están dispuestas a perdonar a sus ofensores. Pero también la generosidad de todos con las futuras generaciones. No anclarse en el odio o la incredulidad, sino fijarse en esos casuales hechos y grandes gestos, como los de habitantes de Ituango (Ant.) que protestaron ayer porque no se desmontaron para siempre las trincheras que protegían a los policías de las balas guerrilleras. Atrevámonos, inseguros, a entregarnos en los firmes brazos de la paz.
Una gran ventaja nos acompaña en el incierto tránsito a la nueva ciudadanía: lo que viene es inesperado para todos y nuestra altura moral está por ser medida. Por fortuna la comunidad internacional toda nos acompaña en este tránsito hacia la paz. Gozamos de las experiencias de negociación exitosas y fracasadas de otros pueblos que nos antecedieron. Ya contamos con el diseño político general y la hoja de ruta para reconciliarnos, aunque incontables sean las dificultades, sinsabores y riesgos a enfrentar hasta lograr la desmovilización de las tropas, la destrucción definitiva de las armas y la reinserción civil y política.
El principal reto para la nueva ciudadanía será aprender a respetar el derecho, así no compartamos su contenido, y ello porque podemos pactarlo democráticamente. Vienen tiempos de excepción donde se darán ventajas a grupos antes excluidos, entre ellos los guerrilleros que retornan a la vida civil y política. Lo que parece paradójico, que despierta indignación en unos y envidia en otros, es algo necesario para todos: es la cuota de sacrificio a pagar en la reeducación civilizatoria. Para compensar los sentimientos adversos hacia el trato especial a ofensores y victimarios se requerirán instituciones y prácticas que hagan comprensible tanta generosidad, en particular de las víctimas, quienes deben estar en el centro de la atención nacional y cuyos derechos deben ser satisfechos en la mayor medida de lo posible.
Al igual que en una relación amorosa que se inicia, todo es incierto, todo es frágil, en este momento de construcción colectiva; pese a las prevenciones y peligros, la promesa de un mundo promisorio embriaga y fascina. El sueño de una comunidad política justa y solidaria es motivación suficiente para enfrentar los múltiples desafíos. No se trata de esperar actos ciegos de fe. La experiencia amasada por décadas de muerte y destrucción nos vacuna contra toda ingenuidad. Fue en el aprendizaje histórico de crueldad y sufrimiento que se gestó la conciencia y la práctica universal de los derechos humanos. Se equivocan por ello quienes, adoloridos, inseguros o resentidos, desprecian los intentos de paz y profetizan el desastre. Se equivocan no tanto porque no sea posible el fracaso, sino porque con su actitud contribuyen a propiciarlo. No se trata ahora de tener la razón, sino de preguntarse qué nos ha enseñado tanto dolor y qué debemos cambiar para evitarlo hoy y en el futuro.