POR LO GENERAL, NO COMPARTO las tesis de la senadora Marta Lucía Ramírez. Pero debo reconocer que tiene razón cuando afirma que la indefinición de Uribe sobre su reelección puede llevarlo a perder políticamente lo que con tanto esfuerzo se ganó militarmente.
Algunos desean verlo de nuevo en el Congreso, pero ahora a la cabeza de su partido político o como líder de la coalición de Gobierno, cuyos partidos, dicho sea de paso, compiten en número de miembros en la cárcel por vínculos con paramilitares. Pero, quienes piensan así, lo hacen con el deseo. Desconocen el talante cesarista del primer mandatario. Como sostiene el ex fiscal Alfonso Gómez Méndez, Uribe se ha encargado de destruir los partidos políticos y apadrinar movimientos de mala laya. Ausente Uribe, el Partido Conservador estallaría en mil pedazos, de forma parecida como el Partido Liberal quedó convertido en una colcha de retazos cuando el uribismo sonsacó a sus caciques por medio de ofrecimientos burocráticos.
El actual Gobierno no cree en los órganos intermedios —partidos políticos, asociaciones sociales, las ONG— entre el pueblo y su dirigente. Su concepción de la política no sólo es autárquica. Se inspira en un pensamiento antiguo que cree más en la acción que en la reflexión; más en la decisión que en la deliberación; más en el unanimismo patriótico que en el respeto de las diferencias. Ello explica sus propuestas, primero de eliminar una de las Cámaras del Congreso; luego de reducir el número de los congresistas; y ahora de utilizar el estado de excepción para sacar adelante reformas como la de justicia ante el rechazo contundente y masivo de múltiples sectores de la sociedad y del Congreso.
El retórico de la acción, como acertadamente lo bautizara un lúcido pensador y político, no tiene problema en decretar la conmoción interior originada en el propio incumplimiento legal del Gobierno. El paro judicial es reacción lógica a la omisión gubernamental de reajustar los salarios a los trabajadores judiciales. Por ello no puede ser invocado por el Gobierno para decretar turbado el orden público. La inconstitucionalidad de la declaratoria de estado de excepción está cantada. Basta seguir la jurisprudencia constitucional. De nuevo el Presidente da palos de ciego en lo jurídico, se salta el foro democrático y hace perder al país ingentes recursos económicos en proyectos inoportunos y oportunistas que luego pierde o retira.
Efecto previsible de una política egocéntrica y mesiánica es la sensación de orfandad política del pueblo. Si no es Uribe, entonces quién, se preguntan los más creyentes. Este fenómeno psicológico de adhesión al protector o benefactor es autogenerado desde la “Casa de Nari”. Muchos monarcas se han encargado de ocupar el lugar de la divinidad —Calígula, entre ellos— para hacerse imprescindibles. Quienes comparten esta mentalidad dañan el país. Hacen retroceder la comunicación democrática que se nutre de puntos de vista diferentes, contrastantes, alternativos e inspiradores de nuevas ideas y soluciones. El país está lleno de personas bien preparadas, inteligentes y capaces de asumir la Presidencia de la República. De personas que creen en la democracia deliberativa con partidos fuertes y no en la democracia mediática conducida por el lentejismo; en la igualdad de oportunidades y no en el enriquecimiento y la acumulación de poder mediante el uso del poder político; en el intercambio libre y abierto de ideas, no en la milimetría política y el pseudoconsenso social pegado a punta de puestos, contratos y subsidios.
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¿Será que se va a repetir el caso de “La Libertad”, pero ahora con “El Ubérrimo”?