CAMINA A PASOS TORTUOSOS LA REforma constitucional para descriminalizar la política. En las deliberaciones se discuten las posibles sanciones a los partidos y movimientos contaminados por el paramilitarismo. No obstante, algunos congresistas buscan atajos para mantener las mayorías o transitar hacia otros partidos no afectados gravemente por el escándalo.
La otra reforma, la que el país verdaderamente requiere, está aún lejos de la conciencia ciudadana. El Polo Democrático Alternativo, único partido no salpicado por la parapolítica, empuja el carro de la Constituyente y busca soluciones de fondo a la bancarrota del sistema político.
La primera es una reforma coyuntural que busca salvar la dignidad del Congreso y restaurar algo de su legitimidad perdida. No obstante, ni la fórmula de la “silla vacía” –sea desde la condena o desde la resolución de la situación jurídica del acusado– ni la pérdida de la personería jurídica o de los dineros por reposición de votos cuando el cincuenta por ciento de los miembros de un partido hayan sido condenados penalmente, resuelven la corrupción política. Y no puede ser así, porque tales soluciones no atacan el fondo del problema: la existencia del circuito dinero, pobreza y poder en una sociedad incipientemente desarrollada. Las reformas estructurales al sistema político colombiano pasan por la profesionalización de la función pública, el desarrollo del Estado social de derecho, la reforma electoral y la regionalización autonómica del país (que comentaré en otra ocasión), entre otras grandes reformas.
El clientelismo y la corrupción –verdaderas causantes de la inseguridad antidemocrática– se alimentan de un Estado en el que los contratos y los cargos públicos están a disposición del grupo político del momento. El modelo del “Estado botín”, aquel donde quien accede al poder lo hace para saquear el patrimonio público y repartirlo entre los amigos, debe ser reemplazado por un Estado moderno, donde casi todos los cargos públicos son de carrera y los de elección popular están sujetos al control político.
El Estado social de derecho no debe confundirse con uno asistencialista y populista. Si bien ambos trasladan recursos a las personas en situación de desventaja, el primero mantiene obedientes a sus súbitos, mientras que el segundo exige ciudadanos plenos. Esto porque no es lo mismo que un gobierno reparta, cual gracia real, cheques a diestra y siniestra a personas y familias, disponiendo del gasto público, que el legislador establezca, luego de una amplia deliberación, la forma más justa y adecuada de redistribuir la riqueza según parámetros objetivos públicamente debatibles y no sujetos al arbitrio político del conductor de turno.
La modernización del sistema electoral debe por su parte asegurar a los partidos y movimientos políticos que hayan superado el umbral, como mínimo, un puesto en el Consejo Nacional Electoral. De esta forma se favorecen la transparencia y la participación de todos en el máximo órgano de control del proceso de transición pacífica del poder. Este órgano debe convertirse en una entidad de carácter técnico. La reforma electoral debe acompañarse de la financiación estatal del ciento por ciento de las campañas políticas, de la prohibición de aportes privados y de la regulación igualitaria del acceso a los medios de comunicación.
Las anteriores reformas estructurales al sistema político claman por la convocatoria a una Asamblea Constituyente que sí esté en capacidad de adelantar los cambios normativos que el país requiere para romperle el pescuezo al clientelismo y a la corrupción política.