A UN MES DE SU POSESIÓN, EL NUEvo presidente ha empezado a revelar sus concepciones de gobierno.
Anticipa el nombre de su ministro de cabecera, el de Hacienda, y sus estrategias de crecimiento económico. Pero nada dice sobre quién será el o la responsable del que debía ser su ministerio estrella, el de Protección Social, si quisiera estar a la altura de su promesa electoral de crear tres millones de empleos formales. Suenan para el cargo personas de bajo perfil, como si las actividades de esta cartera fuesen secundarias o subordinadas a lo que manden los gurús de las finanzas públicas. Día que pasa, en la crucial etapa de diseño del programa de gobierno, día que resta al cumplimiento de sus sonoras promesas de campaña en materia de empleo. Los funcionarios del Ejecutivo tendrán que inventar desde ya buenas disculpas para justificar los limitados resultados frente a un problema estructural que afecta las economías del mundo capitalista.
Juan Manuel prometió crear dos millones y medio de empleos formales y formalizar otros quinientos mil en sus cuatro años. Eso supone garantizar a tres millones de colombianos, desempleados o en la informalidad, trabajo digno y seguridad social. Tendrá su gobierno que crear por día 1.712 puestos de trabajo y regularizar 342 informales. El desafío se asume, como de costumbre, en forma macro, soñando con el aumento en la inversión extranjera en el sector agrario y minero, eléctrico u hotelero, o prometiendo beneficios a empresarios nacionales que luego hacen conejo al empleo. La esperanza del TLC con Estados Unidos o Europa tampoco ofrece certeza de condiciones favorables para la creación de fuentes de trabajo digno.
La resignada “tercera vía” de Santos, que renuncia por anticipado a un Estado Social de Derecho fuerte y respetable, cede terreno antes de empezar. Al estilo Berlusconi o Sarkozy le preocupa más rodearse de bellas ministras —presumiblemente competentes y honestas— que diseñar estrategias para atacar los orígenes de la desigualdad en uno de los países más inequitativos del mundo. Un verdadero Ministerio de Protección Social tendría que reinventarse para hacerle entender a la sociedad que la mayor riqueza del país no es el petróleo o el carbón, sino el talento y la calidad humana de sus gentes. El recurso humano, por lo mismo, debe protegerse mediante condiciones laborales y de seguridad social dignas. No basta un vicepresidente que alguna vez tuviera capacidad de indignación y militara en el sindicalismo, antes de pasar a gozar de las comodidades diplomáticas.
Por qué no crear cientos de inspectores de trabajo que visiten fábricas, comercios, haciendas, granjas y hasta hogares particulares con el fin de vigilar el cumplimiento de las garantías laborales y de seguridad social a los trabajadores. Es común encontrar en ciudades y campos del país propietarios que abusan de su posición para esquilmar los derechos de sus empleadas y empleados. En países avanzados son comunes las redadas a industrias y comercios para detectar la contratación de informales, la cual siempre sale más barata que respetar la ley, pero lesiona gravemente la vida digna de los asalariados. La desigualdad y la inequidad no se generan sólo por la falta de empleos, sino por las relaciones laborales injustas y por la falta de soluciones sociales equitativas. ¡Titulación de tierra o de propiedad empresarial a los trabajadores cuyos derechos laborales han sido violados, esa podría ser una solución equitativa!