Los jueces están bajo fuego. La extrema derecha los ataca, cuestiona, acusa. A las descalificaciones pueden seguir los hechos.
Por aplicar tratados internacionales y proteger derechos fundamentales, los magistrados de la Corte Suprema son tenidos por simpatizantes de la guerrilla o en el mejor de los casos por “idiotas útiles”. La abrumadora evidencia de corrupción en el anterior gobierno, de la que ahora el actual presidente busca distanciarse, de poco sirve para desenmascarar el interés de algunos de mostrarse cual perseguidos políticos.
La camorra del expresidente Uribe es calculada. Se avecina la reforma constitucional a la justicia. Hace pocos días propuso la creación de un alto tribunal con la función exclusiva de revisar las condenas a militares. Si el asunto fuese algo aislado no habría que preocuparse demasiado. Pero el almirante Cely, comandante de las Fuerzas Militares, se dolió esta semana en entrevista a Caracol Radio por el debilitamiento del fuero militar y la falta de equilibrio en el trato jurídico a sus hombres. La presión a favor de una reforma que restituya prerrogativas del pasado aumenta pese a los magros resultados de la justicia penal y a las continuas condenas contra el Estado colombiano en la Corte Interamericana por violación a derechos humanos.
¿Dónde se sitúa el presidente en esta partida de póquer? Su reacción ante el apresamiento del exministro y el exsecretario de Uribe ha sido de respeto republicano por la justicia. No así sus reacciones por los fallos sobre la ilegal incautación internacional del computador de Reyes o por las condenas a Arias Cabrales o Plazas Vega. El presidente Santos se debate entre su admiración por la doctrina del “mal menor” y su nuevo talante democrático. El expresidente Uribe alimenta el dilema presidencial cuando expresa su deseo de que “los escándalos de corrupción no sean otro falso positivo”. ¡Vaya divorcio!, espeta Juan Carlos Pastrana con su acostumbrado tino.
Mal sabor queda en la opinión pública la reclusión de civiles en cuarteles militares. La situación de riesgo no resulta razón suficiente para otorgar un trato privilegiado a altos funcionarios investigados por la presunta comisión de delitos durante el desempeño del servicio público. Para evitar la justicia de clases es procedente reforzar las medidas de seguridad dentro de los establecimientos carcelarios ordinarios, no burlar las resoluciones judiciales. Se obedece pero no se cumple. Además, recluir presuntas víctimas de “magistrados politizados” en un mismo espacio con militares que se sienten maltratados por los jueces, potencia la tentación de convertir intereses particulares en causas públicas.
La reforma constitucional a la administración de justicia no llega en buen momento. La fase final de todo conflicto armado aumenta el riesgo de degradación. Los actos terroristas de las Farc y el uso de civiles como escudos humanos en clara violación del Derecho Internacional Humanitario reflejan el recrudecimiento de la confrontación bélica. En este contexto, como lo ha advertido oportunamente Francisco Gutiérrez en El Espectador, el paso firme de la justicia puede conducir a un campo minado. Ningún motivo hay para cesar la digna y valerosa acción de la Rama Judicial, siempre sujeta a publicidad y crítica bien fundada. Más razón para rodear a los jueces y magistrados en su defensa del Estado de Derecho y para rechazar los intentos de involucrarlos en política o en su prolongación por otros medios.