LA ÉPOCA ELECTORAL EN UNA DEmocracia es tiempo de reflexión. Es la oportunidad de refrendar o cambiar propuestas y políticas de gobierno, de evaluar el desempeño de los representantes populares y de escoger las mejores propuestas de futuro.
Cada cuatro años la población tiene la posibilidad de determinar su futuro cercano. De su voto por personas adscritas a los diferentes partidos depende el bienestar o malestar de su existencia próxima. En este orden de ideas es importante distinguir entre la paja y el trigo, entre el bronce y el oro, en materia de candidatos. A menos de un mes de las elecciones para Congreso y de tres para primera vuelta presidencial, las denuncias de compra de votos se multiplican. La sociedad civil tiene razón en exigir garantías a las autoridades públicas. Corresponde al Consejo Nacional Electoral actuar rápido y aleccionadoramente, como lo hiciera ya al cerrarle el paso al engendro de ADN.
Por un lado rueda dinero en efectivo para engrasar las maquinarias a lo largo y ancho del país. Los narcotraficantes penetran una vez más el sistema político y colocan sus fichas en posiciones estratégicas. Mientras alguna azul campaña hace triquiñuelas con las prácticas del “yo te doy y tú me das” como conociéramos gracias a Daniel Coronell, desde el Gobierno se entroniza el clientelismo por vía de Familias en Acción. Los cheques mensuales del Gobierno que benefician a cinco millones de personas incentivan el apoyo electoral al uribismo. En realidad la sagaz estrategia de mezclar subsidios y votos no necesitaría recurrir al expediente de amenazar a los pobres que si no votan por Uribe o por sus ungidos de la U, corren el riesgo de perder el chequecito, según denuncia la misión extranjera de observación electoral presente por estos días en el país. Qué diferente sería todo si el programa presidencial de Familias en Acción hubiera sido elevado de política de gobierno a política de Estado mediante su consagración en Ley de la República. Algo que el Gobierno habría podido hacer y no quiso, ya que contaba con amplias mayorías en el Congreso. Ello habría marcado la diferencia entre un Estado despótico y un Estado social de derecho. En el primero los subsidios dependen de decisiones gubernamentales, en el segundo de mandatos legales. En esto el Estado comunitario o de opinión, antítesis de la democracia liberal, fomenta el paternalismo y el despotismo.
Contrasta con tanta paja la renovación que llevan a cabo algunos en el Partido Liberal, en el Partido Verde, en el Polo o en el Partido Conservador, pese a la enorme desventaja en que se encuentran. No es que no existan lunares que debieran ser extirpados. Lo cierto es que sus integrantes se baten en una contienda desigual y sin garantías de transparencia y equidad, donde el Gobierno interviene abiertamente o por interpuesta persona en la política electoral. Brilla como oro el esfuerzo de los dos Gaviria por dignificar la política; de los tres mosqueteros por elevar el nivel del debate público. Qué lejos están estos ciudadanos de los partidos políticos manchados de parapolítica como la U, Cambio Radical, Apertura Liberal y el PIN, reserva moral del uribismo. Por fortuna la memoria política recordará para la posteridad que uribismo y paramilitarismo comparten un mismo origen y destino. Confiemos en que ese destino no sea el nuestro. Esto depende de la participación masiva de votantes independientes a quienes les duela el país.