TODO EL DISCURSO DE LA SEGURIDAD democrática es ciertamente oscuro. Una guerra contra la subversión librada mediante una hipoteca económica y política al Estado norteamericano y de la mano de los paramilitares, no contribuye a nuestra soberanía.
Nos hace más dependientes y menos dignos, si de ser un país defensor del orden jurídico internacional y respetuoso de los derechos humanos se trata. Tampoco es claro el componente democrático de la tan cacareada política de “seguridad democrática”. El presidente Uribe crea permanente inseguridad con sus insinuaciones malintencionadas (sesgos guerrilleros de jefes de la oposición, magistrados de la Corte Suprema de Justicia como cohonestadores del terrorismo) y sus compañías sospechosas (Mechudas, Caras de Yucas, Jobes, Nogueras, etc.). Si no fuera por la Corte Constitucional, el estatuto antiterrorista, componente esencial de dicha política, habría arrasado ya hace rato con los resquicios de libertad aún existentes en el país. Mientras la propaganda estatal seduce a oportunistas y beneficiarios del régimen, la campaña gubernamental de desprestigio y de descrédito contra los sectores críticos y dignos avanza e involucra a jueces, periodistas, cabezas de la oposición, universitarios, indígenas, desplazados y víctimas de la violencia.
La esperanza de un país democrático, inclusivo y progresista, crece paralela al crecimiento de la deshonra de tantas personas capaces que han caído seducidas por el poder palaciego. Colaboradores y beneficiarios del régimen deberán responder en el futuro ante los millones de víctimas, por su oportunismo, su ingenuidad o su perversidad. Muchos de ellos deberán ser incorporados a los muros de la infamia por respaldar a un gobierno cuyos vínculos con los gestores de las peores masacres en el país son cada día más evidentes. En el momento de la asunción de responsabilidades históricas y de la conservación de la memoria, no valdrá la exculpación paramilitar o guerrillera que invoca una presunta decisión trágica, consistente en violar los derechos humanos de las víctimas, en aras de salvar sea a la presunta “gente de bien” o al “sufrido pueblo”.
El fascismo de izquierda y de derecha se ha incubado durante muchos años en el país, alimentado por condiciones de pobreza, de desamparo y de abandono. Para enfrentarlo está la conciencia y la acción de millones de jóvenes inconformes con la hipocresía gubernamental, la venalidad de los congresistas y el fanatismo criminal de las guerrillas. Las nuevas generaciones portan la energía y la entereza necesarias para poner fin al oscurantismo. Ellas deben tener la formación y el criterio para no aceptar actos criminales como males menores, necesarios para salvar a la patria. La civilización y el humanismo, enraizados en las costumbres y en el espíritu de nuestros jóvenes, les permitirá reconocer esta época de bancarrota moral como una de las más oscuras de la historia nacional, para así poder superarla con sentido crítico y grandeza de ánimo.
A los secuestrados, a los desplazados y a los millones de víctimas en el país les sobra dignidad. Lo que les falta aún es movilización política para castigar penal y políticamente a los señores de la guerra, sean del bando oficial, de la guerrilla o del crimen organizado. La reconstrucción moral del país deberá brotar de sus colegios, de sus liceos, de sus academias, de sus universidades, de sus movimientos sociales, de sus partidos políticos respetuosos de la institucionalidad. En todos ellos están las reservas espirituales y morales del país, prestas a enfrentar la campaña de propaganda oficial, la negación y tergiversación de la memoria promovida por José Obdulios y Plinios, por los patriarcas regionales y empresarios proclives a las salidas de facto en procura de sus intereses particulares o por los militares que combinan las formas de lucha, al estilo de la guerrilla que dicen combatir.