En épocas de preacuerdos de paz conviene pensar en una sociedad mejor que la construida hasta ahora por todos nosotros.
Una sociedad equitativa es aquella donde los derechos y deberes de ciudadanos y ciudadanas se realizan en la práctica, su cumplimiento es incentivado por la administración y su desconocimiento sancionado por los jueces. La equidad social supone la obediencia al derecho y la contribución de todos al funcionamiento del Estado. Además de estos deberes básicos, la reciprocidad ética exige el cumplimiento de otros tres deberes por parte de los miembros de la comunidad: prestar servicio militar (o civil en tiempos de paz), pagar impuestos y educarse. Quienes pagan para no prestar el servicio militar; quienes evaden o eluden los impuestos; o quienes no participan del sistema educativo, impiden la construcción de una sociedad más justa donde las personas puedan desplegar plenamente todas sus potencialidades.
El actual gobierno pretende avanzar en la lucha contra la inequidad. Planea, por ejemplo, eliminar la diferenciación entre soldados rasos, bachilleres y profesionales mediante la nueva categoría del “soldado universal”. Busca así superar la discriminación, donde son los pobres quienes ofrendan su vida en el frente de batalla. Otra iniciativa “progresista” del gobierno Santos es liderada por Juan Ricardo Ortega. Con valor civil y sentido de la justicia tributaria, este funcionario ha denunciado la inequidad imperante en el régimen de impuestos. Junto con el ministro de Hacienda, el zar de los impuestos nacionales prepara una reforma tributaria para que no sólo los asalariados paguen tributos, sino también los evasores fiscales y los beneficiarios de graciosas exenciones. En franca contravía de tales esfuerzos van las decisiones de privatizar Ecopetrol, entregar las riquezas petroleras y mineras a empresas extranjeras y favorecer la concentración económica en los medios de comunicación. Pero es en el sector de la educación donde el Gobierno hace su menor esfuerzo. Aquí incentiva la inequidad cuando descree de la educación pública e intenta entregar el principal mecanismo de generación de equidad social a los intermediarios financieros, como ya lo hiciera el gobierno Uribe con el servicio público de salud.
Ideológicamente, el actual gobierno milita en el liberalismo económico y no en la democracia republicana. Considera que la vida, la libertad y la propiedad son valores supremos y el Estado un mal necesario para preservarlos. De allí sus contradicciones: exigente con los deberes militares y civiles, laxo con los deberes económicos, culturales y ambientales. Llama al orden para generar equidad en la guerra y en el pago de tributos —principalmente indirectos—, pero reintroduce la inequidad al desmontar los servicios del Estado y cederlos a los agentes privados. Una concepción republicana, consciente del papel protagónico del Estado para la promoción de los fines y bienes sociales, no confunde los deberes con los costos; no busca relativizar los primeros en aras de hacer más eficientes los segundos. Quien borra las diferencias entre deberes y costos, se comporta oportunistamente. Más que servir los intereses de toda la sociedad, sirve a intereses propios o grupales. A largo plazo puede hacer más equitativa la competencia en el libre mercado, pero no construir una sociedad donde las personas sean realmente autónomas, solidarias y democráticas.