Voceros de las Farc llaman “maleza jurídica” al marco jurídico para la paz. Con su dicho muestran la distancia que aún tendremos que recorrer para construir un verdadero pacto social. El derecho es para los revolucionarios, al igual que para los reaccionarios, un estorbo.
Es algo que debe ser arrancado, limpiado, de forma que aflore su voluntad de poder desnuda. La experiencia histórica muestra lo errado de esa concepción. Precisamente es al contrario: cuando los pueblos abandonan el estado de naturaleza y aceptan vivir en el respeto a la ley, el camino se despeja y se hace posible edificar un futuro promisorio para todos.
Las Farc se equivocan triplemente al rechazar el marco jurídico para la paz. Primero lo malinterpretan como una derrota, lo que no es. Que ninguno de los dos ejércitos haya vencido, o análogamente que ninguno esté derrotado, no habilita la amnistía general para los máximos actores de los más graves delitos, sean del bando que sean. Si bien buena parte de las tropas oficiales y guerrilleras serán amnistiadas, no lo pueden ser las cabecillas ni quienes ejercieron directamente el mando y se les pruebe responsabilidad por delitos de lesa humanidad, de genocidio o de guerra. La razón es sencilla: nada ganarían con una amnistía. La justicia, nacional o internacional, tarde o temprano, vendría por ellos. Más razonable es que unos y otros reconozcan su responsabilidad y acepten pagar penas alternativas –sin barrotes ni pijamas a rayas– por sus graves delitos.
Un segundo error, del cual el propio Gobierno es corresponsable, es pregonar que el marco jurídico para la paz tiene como destinatario a las guerrillas, en particular a las Farc, y no también a los agentes del Estado. En un mundo con el actual desarrollo del derecho es falso que la justicia la impongan los vencedores. Existen mínimos de justicia indisponibles para ambas partes en pugna. Es por ello que el acto legislativo 1 de 2012, avalado por la Corte Constitucional en este punto, prevé un tratamiento diferenciado a guerrilleros y agentes estatales, todo dentro del marco jurídico para la paz. Debe entonces hacerse referencia a unos y otros cuando se hable de la mal llamada “maleza jurídica”: ella ni es maleza ni se aplica sólo a los jefes guerrilleros; también se aplica a los máximos agentes del Estado por mandato constitucional.
Un tercer error es de cálculo político. No hay tiempo para expedir otro marco jurídico para la paz. En un Estado constitucional de derecho no todo se resuelve a punta de decisiones políticas. Se aduce aquí que los tiempos de las guerrillas no son los del establecimiento. Es cierto que la escatología revolucionaria no sincroniza con las afugias electorales. Pero las Farc subestiman de nuevo el poder desestabilizador de los enemigos del proceso. Si tienen voluntad de paz, como afirman tenerla, no pueden ser sordas y ciegas a la amenaza guerrerista, con sus extensos intereses políticos y económicos. Las elecciones de octubre serán, quiéranlo o no, un referendo de facto sobre el proceso de paz. Uribe le apuesta a la exasperación de la gente y magnifica los resultados lógicos de negociar en medio del conflicto, con lo que pretende avanzar en alcaldías y gobernaciones. Los matrimonios non sanctos de muchos partidos políticos antes dignos con castas corruptas y parapolíticos, como sucede en el Valle, Antioquia, Santander o Magdalena, entre otras regiones, no parecen poder contener el populismo guerrero que amenaza con sepultar los avances de la negociación y condenarnos a otros cien años de barbarie, esa sí verdadera maleza, sepulturera de la esperanza, del amor y de la vida.