EL PUEBLO CALIFORNIANO SE APRESta a tomar una decisión histórica que los dirigentes políticos propios y ajenos no se atreven a someter a la discusión democrática: liberalizar el consumo de la marihuana.
Por referendo, los votantes del Estado de California en Estados Unidos podrían hacer que la siembra, el porte y el consumo de cantidades personales del alucinógeno dejen de ser conductas prohibidas. De la penalización y la represión se pasaría a la regulación. Lo que según contradictores de la iniciativa es caso aislado, producto de la supuesta irracionalidad de las masas, podría propagarse cual plaga a otros Estados e incluso países, con indeseables e impredecibles consecuencias. Por eso gobiernos temerosos de los efectos de la despenalización se muestran perplejos ante el posible resultado de la decisión soberana. El aparato militar y de policía para reprimir la actividad ilegal del narcotráfico se tornaría innecesario si el consumo de narcóticos deja de ser delito y pasa a ser tema de salud pública y educación ciudadana, como sucede con el cigarrillo y el alcohol. Importantes argumentos se escuchan por parte de defensores y detractores de la despenalización de la marihuana. La declaración de los presidentes reunidos en Cartagena, por su parte, revela ambigüedad y desconcierto, bien por confundir entre “pueblo” y “gobierno” o por no manifestar abiertamente su complacencia frente a la posible aprobación del referendo.
La manifestada incertidumbre de los presidentes carece de fundamento. No hay contradicción o doble mensaje entre la represión de la conducta por las autoridades y la permisión de la conducta por el pueblo. Una cosa es la voluntad popular, otra las decisiones de las autoridades. Nada hay de inconsecuencia en los cambios valorativos y culturales. La votación positiva a la liberalización de la marihuana es el inicio de una discusión mundial sobre el fracaso del autoritarismo y de la represión como políticas públicas para impedir los negativos efectos de la adicción a los narcóticos. Educar en lugar de penalizar es la consigna de los tiempos. Diferente es el conflicto que puede trabarse entre la decisión popular afirmativa y la decisión adversa por parte de una Corte Suprema de Justicia.
No deja de sorprender la cauta actitud de los mandatarios hispanoamericanos. Antes de insistir en la penalización de la producción y del consumo de marihuana, exigen coherencia y sindéresis entre Washington y California. Transluce en el fondo un sentimiento de alivio que los presidentes de países víctimas del flagelo del narcotráfico no se atreven a expresar con franqueza. Dicho sentimiento nace de la convicción generalizada sobre el fracaso de la represión como estrategia de lucha contra las drogas ilegales. Incluso el presidente Obama, demócrata progresista conocedor de las trampas del prohibicionismo, no se atreve a asumir el costo político de liderar la despenalización. La comunidad internacional actúa en este terreno más conducida por el temor a las consecuencias que por el ejercicio inteligente de medios alternativos basados en información empírica y en el experimentalismo social para prevenir la dependencia y la enajenación del sujeto. Por primera vez en mucho tiempo se abre una oportunidad de dar pasos en la dirección correcta: educación y no represión es el mandato de una razón práctica ilustrada, en franco contraste con la irracionalidad atávica del moralismo de ciertos ex presidentes y sus seguidores. Bienvenido el debate y los argumentos a favor y en contra que nos conducen lejos del fanatismo y la servidumbre de la fuerza bruta.