RECIENTEMENTE SE HA ACUSADO a la oposición de inmadura. El Polo Democrático Alternativo y el Partido Liberal no cumplirían con su función constitucional de ejercer responsablemente el control político.
Su comportamiento “inmaduro” contribuiría a debilitar las instituciones. Sería más bien expresión de balbuceos desesperados ante el arrollador respaldo popular a un gobierno elegido democráticamente. Aunque la acusación de inmadurez a la oposición no fue sustentada, el tema merece ser discutido dada su alta importancia.
La oposición política es necesaria y saludable para la democracia. El ejercicio del poder político exige responsabilidad de los agentes oficiales. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. La permanente vigilancia y la fiscalización previenen los abusos de quienes representan a la población, toman las decisiones públicas y administran dineros oficiales. En las democracias modernas, la creciente conciencia sobre la función de control político desempeñada por la oposición ha llevado a la consagración de garantías constitucionales a su favor y al establecimiento de una normatividad especial para regular su ejercicio responsable.
La accidentada historia política del país –guerra fratricida entre partidos, violencia política, bipartidismo frentenacionalista, eliminación de miembros de la UP y más recientemente política paramilitar de tierra arrasada y desplazamiento masivo– no contribuye al ejercicio reflexivo de una oposición todavía reactiva y a la defensiva. Tampoco el mismo comportamiento del Gobierno asociando a sus críticos e incluso a los funcionarios judiciales con terroristas ayuda a fomentar una cultura democrática de fair play. Pero las anteriores explicaciones no justifican las fallas y los errores de quienes se postulan para hacerlo mejor que el gobierno de turno.
Sin lugar a dudas, el ataque personal, la descalificación, el insulto y, con mayor razón, la injuria y la calumnia, constituyen un ejercicio irresponsable del control político. También los juicios de valor permanentes, no sustentados en información empírica veraz y en investigación exhaustiva, minan los propósitos de una oposición seria y bien intencionada. Cuando no linda en el terreno penal, el resultado de la inmadurez resulta por lo menos contraproducente para ganar el favor popular. Ello, porque a la hora de votar, las personas prefieren a los sembradores de esperanza, no a quienes optan por demoler o destruir los logros de su contradictor.
Por todo ello, sea el momento de convocar a una oposición seria y responsable que no se deje arrastrar por las incitaciones del gobernante de turno. Que ante la mentira oficial sobre interceptaciones o rescates, responda con propuestas de fondo de cómo desmontar el militarismo formal o informal. Que ante la política de concentración de la riqueza en pocas manos, proponga reformas de fondo a la tenencia de la tierra, al sistema educativo y al sistema de salud, para devolver la dignidad y el trabajo a los colombianos.
Que ante la política bivalente de desacreditar o negociar la justicia, defienda la dignidad, el fortalecimiento y la independencia de la Rama Judicial y de los órganos de control. Que ante las manifestaciones simbólicas sobre los resultados de la política de extradición, busque soluciones de fondo al problema del narcotráfico.
Que ante la privatización de los servicios públicos y los recursos naturales, privilegie la soberanía nacional y el bienestar general. Que ante la práctica de la política al menudeo y las prácticas clientelistas, promueva una ética de la responsabilidad, del esfuerzo personal y de la solidaridad social.
El país necesita un cambio: agradecer la recuperación de la confianza en un futuro mejor, pero rectificar un camino a la miseria y a la criminalidad. Los colombianos se merecen pasar de un estado de naturaleza gobernado por la guerra a un estado de civilidad en donde se garantice el derecho a una igual consideración y respeto en estricta sujeción a la ley y a los tratados internacionales.