La semana pasada la Corte Constitucional profirió una importante sentencia. Con ella destraba la recuperación de tierras ilegalmente adquiridas y que pueden ser destinadas al cumplimiento del acuerdo agrario con las Farc.
El exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo celebró el hecho y anotó que, con la ágil recuperación judicial de baldíos, ya no se requiere la expropiación de otros predios y se podrían entregar un millón y medio de hectáreas, con la debida dotación y asistencia, a campesinos, víctimas y desmovilizados.
Se trata de una buena noticia y una ocasión para ahondar sobre la relación entre tierras y poder político. El equilibrio es delicado. ¿Cuánta tierra y cuántas curules recibirán las Farc, en qué regiones y cuál será el estatuto de garantías a la oposición? ¿Cómo proteger la vida e integridad de otrora enemigos mortales, convertidos con los acuerdos refrendados en antagonistas políticos que conviven en el mismo territorio? Son cuestionamientos a resolver en la tarea de construir una democracia pluralista e inclusiva. En este campo, el involucramiento de la universidad resulta de la mayor relevancia.
Habremos avanzado en la consolidación de la paz cuando las élites sociales no teman darles tierras a excombatientes comunistas que quieren llegar por vía democrática y sin armas al poder. Igualmente estaríamos más cerca de la madurez política cuando las guerrillas respeten y den espacio político a movimientos contrarios a sus ideales en los territorios donde ejercen poder. ¿Cómo persuadir a unos y otros para que compitan respetando las reglas del juego, sin recurrir a armas, amenazas, actividades criminales, dineros ilícitos y trampas electorales? Sólo el tránsito de una tenencia precaria de la tierra a formas productivas, sostenibles e institucionalmente aseguradas nos permitiría salir de la violencia. Algo nada fácil en un contexto económico inestable, de droga y minería ilegal extendidas, de dependencia externa y con una corrupción política generalizada.
Con independencia de la ideología, es necesario un Estado con institucionalidad fuerte que haga cumplir la Constitución y la ley agraria por encima de los intereses económicos y los propósitos políticos. Una ley de garantías a minorías políticas y a los partidos de oposición es aquí de la mayor importancia. ¿Qué garantías ofrecerán las partes negociadoras a los pobladores que no comulgan con la ideología contraria, por lo general víctimas, que viven en las zonas donde recibirán tierras o poder los integrantes de los grupos en pugna? ¿Cómo convencer al pueblo colombiano para que costee económicamente por décadas el fortalecimiento requerido de la institucionalidad, despreciada o manipulada tanto tiempo por los mismos negociadores? Estas debían ser, y de seguro lo serán si prima una buena voluntad política, preocupaciones sentidas y sinceras de los negociadores.
Adenda: Si el expresidente Uribe aceptó la creación de la Comisión de Aforados, y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara pronto sólo ejercerá sus funciones respecto de presidentes y fiscal, por qué enredarse con el juzgamiento de Uribe por la jurisdicción especial para la paz. Si no hay un debido proceso en que se respeten los derechos de reo y víctimas, pronto los congresistas responsables terminarán procesados por prevaricato y la llegada de la Corte Penal Internacional a Colombia será, por lo menos en teoría, más probable.