Colombia anhela la paz en mitad del conflicto armado. Los anhelos son legítimos.
El camino para lograrla no lo es tanto. Aunque el fiscal general de la Nación respalde las amnistías condicionadas, muchos dudan de la propuesta. La impunidad asoma al balcón y promete cobijar a tirios y troyanos. El proyecto de reforma constitucional apadrina la ‘justicia transicional’. Este engendro que de todo tiene menos de justicia es una verdadera caja de Pandora. La suprema finalidad de la paz justifica la relativización del derecho penal, incluso para delitos de lesa humanidad. También se difumina la distinción entre delitos políticos y delitos comunes. El mensaje proveniente del Congreso es claro: la solución al conflicto armado es política, no jurídica. Quienes se atreven a cuestionar la iniciativa son vistos como enemigos de la paz.
En esta amorfa justicia transicional se permite la priorización y selección de los casos a procesar judicialmente; la renuncia a la persecución penal; la sanción no judicial de crímenes de lesa humanidad; la amnistía condicionada a cabecillas de grupos armados ilegales; el tratamiento diferenciado de “las distintas partes que hayan participado en las hostilidades”, lo que incluye por supuesto a los militares condenados. En plata blanca: todos tapados por la misma cobija para “facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera”.
Poco se atenúa el Frankenstein moldeado por el Congreso en su reforma constitucional ‘transitoria’ cuando se delega en el Gobierno, el Legislador y la Corte Constitucional la facultad de precisar el mecanismo. En la práctica lo que tendremos son sanciones simbólicas contra violadores masivos de derechos humanos, todo en aras de motivarlos para que abandonen la violencia como forma de expresión política. Sin negar el agudo dilema entre justicia estricta y paz suprema, no es clara la oportunidad de la reforma ni el alcance de la transacción entre lo jurídico y lo político.
A la luz del fracaso de la justicia transicional consagrada en la Ley de Justicia y Paz, no deberíamos hacernos muchas ilusiones con la reforma aprobada en sexto debate. La capacidad del Estado para cumplir sus funciones más básicas no aumentará mediante el desmonte de sus responsabilidades. Vendrán con los años las condenas internacionales por denegación de justicia. Valdría la pena aprovisionar desde ahora los recursos necesarios para responder a las indemnizaciones por vulneración de los derechos humanos. Cuando se disipe el espejismo de la autodeterminación política, la resaca será fuerte. Colombia cierra una vez más los ojos al avance del derecho internacional. Con eufemismos como la ‘justicia transicional’ niega los principios mínimos de la justicia retributiva y envilece las posibilidades de construir una sociedad bien ordenada. En eso se parece a Venezuela cuando reniega y se retira del sistema interamericano. Nuestro desprecio por los derechos humanos, a diferencia del hermano país, lo expresamos más hipócritamente. Tendrá el Gobierno que convencer a las víctimas del conflicto armado de que su proyecto respeta los derechos a la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición. No puede haber paz duradera en una sociedad donde la idea y el sentido de la justicia están ausentes. Sin la eliminación de la desigualdad extrema y de la pobreza, generadoras de odio y resentimiento entre hermanos, toda paz, con amnistías abiertas o disfrazadas, será efímera e inestable.